En el país operan nueve bloques delictivos, documentó Transparencia Venezuela en su informe reciente Crimen organizado y corrupción: un problema de Estado. Al menos 15 agrupaciones paramilitares o parapoliciales dominan el territorio, ejercen control social y se dedican a actividades de delincuencia organizada.
Los investigadores señalaron en el documento, conformado por seis capítulos, a las megabandas criminales, los seudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros; los colectivos armados y violentos, los pranes y sus organizaciones carcelarias; las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches; el Holding de la corrupción, los traficantes de drogas, los grupos paramilitares originarios de Colombia y las denominadas Bacrim.
Constataron además que el territorio nacional es utilizado como uno de los principales puentes para el narcotráfico internacional, tanto por vía aérea como martítima.
Muchas de las acciones delictivas, estableció el informe, están lideradas desde las cárceles, que están bajo el control de pandillas internas que desplazaron al Estado.
También se indicó que, en paralelo, se ha instaurado un sistema de impunidad que convalida y propicia el incremento de los hechos delictivos y la violencia que se registran en el país. La debilidad institucional en el país y los subsidios de la gasolina o alimentos han facilitado que grupos irregulares operen con potencia en el país y que encuentren facilidades para delinquir.
La investigación presenta un análisis de lo que ocurre en algunos estados de Venezuela en relación con el accionar del crimen organizado y la corrupción. Entre las entidades objeto de estudio están Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre. Además, se actualizó parte de la información obtenida en 2019, que continúa vigente, de los estados Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.
El documento señala la injerencia del sector militar en la administración pública, así como el rol que desempeñan en el crimen y la corrupción.
Los expertos concluyeron que la consolidación del chavismo acarreó la progresiva edificación del sistema político conocido como Estado cuartel. Este modelo tiene como principales características la violencia institucionalizada, la colonización de la administración pública por parte de los castrenses y la incorporación de integrantes de la FANB en la cúpula económica del país.
Señalaron la imposición de la apología de guerra y el uso desmedido, implacable, sistemático y abiertamente ilegal de la represión para conculcar las libertades políticas y civiles de la población. Esto, agregaron, se tradujo en la reiterada violación de los derechos humanos y ciudadanos de los venezolanos.
Entre 2014 y 2019 más de 800 civiles fueron procesados judicialmente por tribunales militares, mientras que solo durante las masivas protestas populares escenificadas en los primeros seis meses de 2017, 757 civiles fueron presentados ante tribunales militares, imputándoles delitos castrenses como los de rebelión, traición a la patria y ataque al centinela.
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