Transparencia Venezuela publicó un informe en referencia al programa de vacunación contra el covid-19 en el país. Aseguró que han reinado «la desinformación, la opacidad y las irregularidades en la gestión del gobierno venezolano de la pandemia».
«Las políticas poco transparentes, implementadas por el gobierno venezolano en torno a la pandemia y al plan de inmunización, generó incertidumbre en la ciudadanía y promovió prácticas ilegales que pusieron en riesgo la salud de la población «, señaló la ONG.
Añadió que las vacunas ayudan a salvar millones de vidas cada año y han sido factor determinante en la erradicación de ciertas enfermedades alrededor del mundo.
«Por ello, son consideradas como una herramienta clave para proteger a las personas y detener la propagación del covid-19», indicó.
Y denunció: «El gobierno de Nicolás Maduro no solo desatendió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto a la priorización de las vacunas, dirigidas a garantizar en primer lugar la protección a los grupos más vulnerables. Sino que favoreció a estructuras partidistas e instituciones públicas».
Vacunación atada al Sistema Patria y el PSUV
También afirmó que se condicionó gran parte del proceso al Sistema Patria, así como a la participación de consejos comunales y grupos creados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), oficialista.
«La improvisación y la opacidad sobre el programa de vacunación evidenciaron la poca oferta de biológicos que se registró durante los primeros tres meses de su aplicación. Las autoridades reportaron la disponibilidad de 2.230.000 dosis, entre la rusa Sputnik-V y la china Sinopharm. Pero se demostró que era imposible atender a más de 300.000 trabajadores de la salud y 4,5 millones de adultos mayores», indicó.
Mencionó que «la gran demanda» de entonces facilitó el desvío de vacunas hacia un mercado ilícito, mermando las dosis dispuestas para el personal sanitario.
«Además, afectó a quienes optaban por comprar las vacunas sin la seguridad de recibir un producto biológico refrigerado; y sin la certeza de que no había sido sustituida por un placebo», agregó.
Fiscalía
De la misma manera, destacó que para determinar responsabilidades, la Academia Nacional de Medicina pidió a la Fiscalía General de la República abrir una investigación.
Transparencia Venezuela informó que durante 5 meses de 2021 aplicó una encuesta a 819 personas, de las cuales 283 conocían casos de pagos de vacunas.
Asimismo, aseguró conocer de procesos judiciales abiertos por el Ministerio Público a personas que vendían las vacunas y fijaban el precio en dólares.
Secreto de Estado
«Además de las irregularidades denunciadas y documentadas por la sociedad civil y la academia, el plan de vacunación se convirtió en un secreto de Estado», señaló la ONG.
Y concretó que durante los primeros 10 meses no se publicaron de forma constante datos relacionados con los cargamentos recibidos, las dosis aplicadas según las marcas y cobertura por grupos priorizados.
«Las exigencias de información confiable sobre el plan de vacunación y la contratación para la adquisición de las dosis, entre ellas las consignadas por las más de 900 organizaciones de la sociedad civil que integran la Coalición Anticorrupción, chocaron con el muro de opacidad y silencio gubernamental», denunció.
Por lo cual, ante la ausencia de datos creíbles, especialistas e investigadores comenzaron a hacer proyecciones sobre la vacunación en Venezuela.
«En septiembre de 2021, una comunidad científica calculó que 3.376.080 personas habían completado el esquema contra el coronavirus. Por su parte, la encuestadora Delphos y la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (USB) hablaban de 2.300.000 personas con las 2 dosis, en tanto que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que 6.000.000 de venezolanos habían recibido su esquema contra el covid-19 en ese mismo lapso», expuso.
Añadió que «las incongruencias en las cifras aportadas por el gobierno continuaron con el anuncio, en diciembre de 2021, de 90% de inmunizados».
Asimismo, enfatizó que mientras tanto los datos que consignaron las autoridades ante la OPS demostraron lo contrario.
«Apenas 40% de la población había completado el esquema de vacunación», precisó.
Salud en crisis
Insistió en que desde la detección del coronavirus en el país, en marzo de 2020, Transparencia Venezuela ha advertido sobre el aumento de los riesgos de corrupción en la atención de la pandemia, incluida la vacunación.
«De igual modo, ha señalado la profundización de los graves problemas preexistentes que configuran la Emergencia Humanitaria Compleja causada por este flagelo, donde uno de los sectores más perjudicados ha sido el de la salud», agregó.