Una investigación realizada por la organización Transparencia Venezuela reveló que al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas acusadas por el Ministerio Público de presuntamente participar en la trama de corrupción conocida como Pdvsa- Cripto.
En la trama de corrupción, que se conoció hace más de 90 días y que dejó una pérdida de entre 13.000 y 16.000 millones de dólares para el país, participó un grupo de personas ligadas a altos funcionarios del Estado y con empresas creadas en Venezuela (68), Panamá (18), Estados Unidos (9), Barbados (6), República Dominicana (2), Reino Unido (2), Malta (1) y Chipre (1).
Al menos 56 de las empresas fueron creadas entre 2012 y 2022, justo durante la administración de Nicolás Maduro, según la organización.
Luego de la revisión de información que ha estado publicada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) se identificó el objeto social de 56 de las 105 empresas vinculadas a las personas investigadas. Al menos 27 se dedican al sector alimentos, otras 10 abarcan el sector salud y 8 son del ramo petrolero.
Otras se dedican a obras y construcción, sector automotriz, vigilancia, transporte, asesoramiento financiero, turismo, venta de bienes muebles e inmuebles, papelería, computación, cemento, radiodifusión, ropa y calzado, publicidad y propaganda.
«11 de las compañías, que fueron creadas en Venezuela, poseen objetos muy diversos que van desde sistemas y software administrativos, productos de telecomunicaciones, electrodomésticos, suministros para oficina, mobiliarios, papelería en general, alimentos, vehículos automotores, ropa y calzados, alimentos, artículos y equipos de limpieza, aires acondicionados, materiales y equipos médicos quirúrgicos, uniformes de trabajo, juguetes, cosméticos y artículos de higiene personal, bisutería, equipos para industria petrolera y/o petroquímica, industrial y comercial, seguridad industrial agrícola, prestación de servicio de vigilancia, eventos recreativos, culturales, educativos, espectáculos sociales, deportivos, artísticos, electricidad, hasta impermeabilización», señaló la investigación de Transparencia Venezuela.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que 61 personas han sido detenidas, pero solo se ha revelado la identidad de 51 de ellas. Al menos 43 están directamente relacionados con el desfalco a la estatal petrolera, mientras las demás estarían vinculadas con corrupción en el sistema de justicia, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y alcaldías, entre otros.
Entre los detenidos se cuentan 14 funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Asamblea Nacional.
La mayoría tiene una larga trayectoria en la administración pública y por lo menos siete han sido designados por Nicolás Maduro y/o Tareck el Aissami: Antonio Pérez Suárez, Heinrich Chapellín Biundo, Hugbel Roa, José Luis Ernesto Silva Orta, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, Yamil Alejandro Martínez Núñez e Ysmel Romer Serrano Flórez.
Han sido acusado por apropiación del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales, asociación para delinquir y traición a la patria.
«A pesar de estos datos, las declaraciones oficiales no han sido suficientes para conocer la trama de corrupción», denunció la organización.
El 16 de mayo de 2023, Transparencia Venezuela envió una comunicación a la Fiscalía General de la República con el propósito de profundizar en los hallazgos de una investigación que compromete el patrimonio de la República.
La organización señaló que ante la magnitud y el impacto de los hechos sobre la sociedad venezolana, y con el objetivo de evitar la desinformación y contribuir con el control de la gestión pública, el Ministerio Público debe aclarar preguntas como cuál es el monto real del desfalco o el papel que desempeño cada uno de los implicados.
También pidieron a la Fiscalía que explique cómo operó el mecanismo de actos de corrupción conocido como la trama Pdvsa-Cripto, quiénes aprobaron las operaciones y cuál era su objetivo. Asimismo, que se ofrezca información sobre el paradero de cada uno de los detenidos y de los bienes incautados.