Carmen Sulay Rojas estaba en la Fundación Rosa Rojas, en compañía de otros docentes cuando escuchó el anuncio de Nicolás Maduro, en el cual aumentaba solamente el cestaticket y el bono de guerra. «Fue devastador, porque fue un plan que consistía en resistirse al aumento del salario mínimo vital. O sea, siguen siendo Bs 130 o $5, pero igual sigue siendo el más bajo de América Latina, cuando la canasta se sitúa en $510”.
A esta docente le parece abrumador que el presidente Maduro invite a los trabajadores a resistir en las adversidades cuando él y los suyos ganan salarios que le permiten llevar no solo una vida próspera, sino llena de opulencia.
Para ella no existen guerras económicas, “Basta ya de mentiras, lo que sí existen son más de 20 mil millones robados a Pdvsa”.
Yetsy Mayorga representante de la Alianza Todos por la Educación en Táchira entiende la realidad de Rojas. ”El descontento, la apatía y la necesidad forman parte de lo que viven hoy en día los ciudadanos venezolanos debido a los bajos salarios que perciben”.
Mayorga ve una relación estrecha entre bajos salarios y la crisis educativa. “Es una cadena”, la cual repercute en el deseo de formación y que termina traduciéndose en la terrible migración de más de 7 millones de venezolanas y la elevada deserción, tanto estudiantil, como de profesores.
“En el caso del estado Táchira por ser frontera, nos toca la realidad en la que nuestros docentes prefieren emprender en otras áreas como; mecánica, barbería, limpieza, peluquería y repostería, para poder subsistir, dejando de lado sus responsabilidades como docentes”.
Las universidades como la de Los Andes, núcleo Táchira (ULA) lo demuestran en sus matrículas, la cual pasó de los 7000 estudiantes a 1200 por la deserción y la precariedad en el sector. De acuerdo a investigaciones de Mayorga, la recuperación tanto en la ULA, como en la Universidad Experimental del Táchira es mínima. Esto gracias al vandalismo y a los bajos salarios.
Por eso Mayorga cuenta que se ha vuelto habitual en su vida como estudiante encontrarse a profesores vendiendo chucherías en los autobuses o en los semáforos más cercanos a las casas de estudio.
Pero, la vocación puede más que la misma realidad, esa que Carmen Rojas describe como “calvario”. La razón es que el hambre golpea con fuerza. “Uno se desconcentra y ya cuando son las 11:30 no solo tienes que lidiar con esa fatiga, sino entender la de los estudiantes que empiezan a preguntar, uno tras otro, si ya terminaron para poder irse”.
Otros, incluso se van porque no aguantan. Una rutina alimenticia como esta deteriora la salud, pero tampoco hay dinero para hacerse exámenes, comenta.
En Nueva Esparta, región en la que se encuentra Carmen Sulay Rojas la lucha de calle es perenne, las asambleas generales son la forma en la que los docentes expresan sus ideas y buscan nuevas formas de alzar la voz, lo cual compaginan con su trabajo al cual asisten dos o tres veces por semana para cubrir las necesidades de los niños y adolescentes.
Por hechos como este es que Gabriel Díaz, representante de Todos por la Educación en Aragua tildó de “nefasta” la decisión del gobierno nacional sobre el aumento salarial. “Es inadmisible, porque lo que ganan estos trabajadores no se adecua a su labor y esto no solo se evidencia en los profesores, sino en el personal obrero”.
Díaz ha visto cada vez con más frecuencia profesores que no quieren volver a las aulas, otros solo quieren hacerlo vía online, para así compaginar su vida profesoral con la de los rebusques.
“Esto es un plan del gobierno para eliminar el trabajo formal y darle paso a la economía informal”, dice Díaz quien admite que esto afecta al estudiante quien desde el momento uno sabe que al graduarse no ganará lo que corresponde, incentivando la deserción estudiantil. “Muchos no se han graduado y ya se están rebuscando”.
El incumplimiento por parte del gobierno se traduce en la extinción casi total de las becas y tickets de transportes, en la inactividad de los comedores y el servicio psicológico. La razón es que no hay dinero para los maestros, pero tampoco para el sector educativo. El que estudia educación lo hace por vocación, porque el que no lo hace termina huyendo.
“Todo se politizó. No todas las personas tienen Carnet de la Patria, no todos los estudiantes están en el Sistema Patria como para recibir los beneficios que fueron desviados por temas meramente políticos”.
Por eso, Carmen Sulay Rojas sabe que un aumento a $510 es algo difícil de creer, no es imposible. “Podían llevarnos $100 o $250. La excusa sigue siendo la falsa guerra económica”.
Rojas es docente licenciada en educación integral con especialidad en geografía e historia, magíster en educación mención administración educativa. En 25 años de experiencia se ha dedicado a la defensa de menores y se ha desempeñado en altos cargos educativos. Actualmente trabaja en el Liceo Bolivariano, Ángel Noriega Pérez, de Pampatar, el cual no está lejos de la realidad general de los centros educativos.
De hecho, destacan las filtraciones del segundo piso, el cual está clausurado ante la posibilidad de que el techo se caiga, algo similar pasa en el tercer piso en donde las barandas están deterioradas por el efecto del salitre, mientras que el cableado eléctrico y el tablero fueron robados tiempo atrás, lo que hace más difícil el trabajo, pero eso no es todo. Los niños no cuentan con suficientes pupitres, Rojas precisó que faltan 360 mesas y sillas, mientras que la Alcaldía de Maneiro donó un transporte escolar el cual nunca funcionó por falta de baterías y cauchos. «Esto es la debacle de la educación, pero seguimos prestando servicios».