Activistas de la organización Todos por la Educación, encabezados por la representante del estado Miranda, María Victoria Restrepo, acudieron el lunes, 4 de julio, a la Defensoría del Pueblo en Caracas para consignar un documento con la finalidad de que se hagan valer los derechos del profesor Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes.
En la petición también incluyen a uno de los activistas, José Rafael Tarazona, fundador de Fundaredes, y a Omar de Dios García, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la misma organización.
«Hasta el día de hoy no existe comunicación oficial o exigencia por parte de alguna autoridad máxima de este cuerpo en relación con las vulneraciones de los derechos humanos de estos ciudadanos», señalan.
Restrepo recordó que las funciones constitucionales y los tratados ratificados por Venezuela son las figuras que motivan a Todos por la Educación a consignar el petitorio. «Solicitamos respetuosamente tres líneas de acción para el defensor Alfredo Ruiz Angulo», dijo mediante una nota de prensa.
Foto: Todos por la Educación| Firma de la petición a favor de integrantes de Fundaredes
Las tres líneas de acción
- Se aboque a conocer a fondo la situación a la que estuvieron expuestos los ciudadanos, y que sigue manteniendo el profesor José Javier Tarazona.
- Ejecute y coordine acciones ante las autoridades competentes para detener la violación de derechos humanos de la cual han sido víctimas.
- Ejecute y coordine acciones ante las autoridades competentes para reparar por los hechos de arbitrariedad e injusticia a los que resultaron sometidos.
Restrepo indicó que no se exige nada que no esté dentro de lo normal en las funciones de un defensor y que las peticiones forman parte de las ya solicitadas con anterioridad, por lo que pidió que se aclare y se reconozca las violaciones a la que sometieron a este grupo de presos políticos. «Dichos hechos deben recibir una reparación», dijo.
Activistas sobre la salud de Tarazona
Frente a la sede de la Defensoría, Restrepo aprovechó para recordar que antes de la detención de Tarazona este presentaba varias patologías que con el el tiempo han agravado su salud. Esto en parte debido la falta de atención médica, aun cuando en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar, la cual se modificó en 2022. «Esta medida sigue siendo ignorada», manifestó la dirigente de Todos por la Educación.
El 2 de julio se cumplieron dos años de la injusta encarcelación del activista, quien fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Coro, estado Falcón. En la misma oportunidad detuvieron a su hermano y al abogado García.
Tarazona había acudido a la Fiscalía a denunciar los acosos que llevaba semanas recibiendo por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como personas sin identificación ni filiación institucional.
Tarazona fue acusado de instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.
Restrepo denunció que el activista pro derechos humanos no tiene acceso a luz solar y se encuentra recluido en una celda pequeña.