Tamara Taraciuk, directora en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó que las sanciones individuales sobre el régimen de Nicolás Maduro son indispensables para frenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Dijo, en entrevista con El Nacional, que el país es uno de los ejemplos más extremos de los graves desafíos que en décadas ha enfrentado la región.
La abogada expresó preocupación por las tres crisis que viven los venezolanos en simultáneo: la arremetida del chavismo contra la oposición, la emergencia humanitaria y el éxodo de más de seis millones de ciudadanos.
Advirtió que la intención de cooperación de las autoridades venezolanas con el escrutinio internacional no es genuina. Y recordó que a los expertos de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, nunca les permitieron investigar en el terreno.
Foto: Yuri Cortéz/ AFP
Es necesario, enfatizó, que la comunidad internacional siga presionando al gobierno de Maduro para obligarlo a sentarse en la mesa de negociación. Así, manifestó, se podrían lograr acuerdos tangibles que permitan restablecer el Estado de Derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela.
Taraciuk nació en Venezuela pero creció en Argentina. Estudió derecho en la Universidad Torcuato Di Tella, en la ciudad de Buenos Aires. Ha formado parte de HRW desde hace más de 15 años. Tiene amplia experiencia en temas de democracia y de derechos humanos en América Latina. Sucede a José Miguel Vivanco, quien estuvo durante 30 años al frente de esa división de HRW.
Tamara Taraciuk
Venezuela, de los casos más extremos
—Como directora en funciones para las Américas de HRW, ¿cómo analiza la situación de derechos humanos en la región y, sobre todo, en Venezuela?
—América Latina está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas. Venezuela es de los casos más extremos, junto con Cuba y Nicaragua, donde hay gobiernos dictatoriales que ejercen el poder brutalmente. Pero incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Es importante resaltar que esto último ha ocurrido en gobiernos de distintas ideologías y hay presidentes de derecha y de izquierda que siguen el mismo libreto autoritario. Como si fuera poco, millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador, profundizando la desigualdad que ya existía en América Latina. Con relación a Venezuela, resulta de enorme preocupación que existan tres graves crisis simultáneas: una brutal arremetida contra opositores por el régimen de Maduro, que ocurre con total impunidad, una emergencia humanitaria y un éxodo de más de seis millones de personas.
Milicias venezolanas. Foto: AFP
“Cooperación no es genuina”
—La alta comisionada Michelle Bachelet reportó avances en la actualización de su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué observación le merece? ¿Se puede considerar que realmente Venezuela ha avanzado en esta materia?
—Lo único que veo es un régimen aferrado al poder, que solo cede, y poco, ante la presión internacional. Cuando la alta comisionada menciona avances en sus informes orales, como por ejemplo la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la policía, debe analizarse en el contexto de la realidad del país, donde, en términos generales, se ven enormes retrocesos. En el último tiempo, las autoridades venezolanas han intentado mostrar una faceta de cooperación con el escrutinio internacional, por ejemplo, permitiendo la presencia de representantes de la oficina de Bachelet en Caracas. Si bien el acceso al país puede resultar útil en algunos casos en particular, esta supuesta cooperación con las Naciones Unidas no es genuina. Los expertos de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que publicó duros informes con evidencia sólida de posibles crímenes contra la humanidad y de complicidad de la justicia venezolana, nunca pudieron poner un pie en Venezuela. Varios relatores y otros mecanismos, que tampoco pudieron visitar el país, han realizado decenas de recomendaciones que todavía no se han cumplido. Los presos políticos siguen detenidos, la Fuerza de Acciones Especiales todavía opera, la impunidad por las violaciones de derechos humanos sigue imperando y el poder judicial continúa careciendo de independencia.
Caracas. Foto: Yuri Cortéz/ AFP
No ha cesado la represión
—Vemos que, aunque el régimen ha contenido su conducta represora, mantiene acciones de persecución e intimidación contra la dirigencia de oposición, defensores de los derechos humanos, organizaciones civiles y periodistas.
—Aunque no veamos masivas manifestaciones brutalmente reprimidas en las calles, la represión de opositores, críticos, defensores y periodistas no ha cesado. Hoy hay, según el Foro Penal, alrededor de 240 presos políticos. En noviembre de 2020, las autoridades venezolanas y las fuerzas de seguridad lanzaron una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos; como parte de ella, congelaron cuentas bancarias, han emitido órdenes de detención, allanado oficinas y detenido a algunos de sus miembros para interrogarlos. También adoptaron medidas para limitar el financiamiento internacional y exigir que las ONG compartan información sensible sobre sus actividades y aportes. Y el hostigamiento a la prensa independiente sigue siendo habitual.
—Está el caso del docente Javier Tarazona.
—Si, Javier Tarazona de Fundaredes sigue detenido desde julio a pesar de sus problemas de salud. Es inaceptable. La organización había acusado a las autoridades venezolanas de tener nexos con grupos armados en el estado Apure y por eso ahora lo acusan de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Varios organismos internacionales, incluso la oficina de Bachelet, han pedido su liberación, pero hasta ahora eso no ocurre. Me parece importante resaltar que, a pesar de este difícil contexto, en Venezuela hay muchísimos defensores de derechos humanos sumamente valientes que siguen, a diario, dando todo para documentar y exponer los abusos del régimen. Cada uno de ellos cuenta con todo mi apoyo y el de HRW.
Investigar la cadena de mando
—¿De qué manera puede mejorar la situación de los derechos humanos en el país si quienes detentan el poder están bajo investigación en la Corte Penal Internacional?
—Quienes detentan el poder no lo van a dejar voluntariamente. Es necesario que la comunidad internacional siga presionando para que se vean obligados a sentarse a la mesa de negociación y generen acuerdos tangibles que permitan restablecer el Estado de Derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela. Esto incluye medidas para terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país. En este sentido, la Corte Penal Internacional puede jugar un papel central si hace bien su trabajo. La Fiscalía de la Corte tiene la facultad de investigar individuos y la cadena de mando; esto es a los máximos responsables de los delitos internacionales más graves. Como los aliados de Maduro saben que nunca rendirán cuentas ante la justicia venezolana mientras siga siendo un apéndice del Ejecutivo, esta amenaza de proceso penal por la Corte Penal Internacional es un incentivo para que el régimen se sienta presionado a negociar. Justamente por esto es esencial que la presencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas, recientemente negociada con el régimen, sirva para investigar estos delitos y no simplemente para dar cooperación internacional a la justicia local que hoy está muy lejos de llevar adelante investigaciones serias e independientes.
Karim Khan, fiscal de la CPI. Foto: Prensa Miraflores
Limitada asistencia humanitaria
—¿Cómo evalúa las posiciones y las acciones de la comunidad internacional respecto a la emergencia humanitaria en Venezuela?
—La respuesta de la comunidad internacional a la emergencia humanitaria fue por mucho tiempo insuficiente. Mientras funcionarios de alto rango, como el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, permanecían en silencio, la ayuda humanitaria llegaba a cuentagotas y por donaciones privadas, muchas mediante envíos de puerta a puerta. Una vez que hubo un reconocimiento de la realidad en el país, y se desplegó una respuesta humanitaria a gran escala liderada por las Naciones Unidas, la cantidad de ayuda humanitaria y el despliegue de organizaciones en el país incrementó notablemente, aunque algunas organizaciones siguen enfrentando problemas para operar y la cantidad de asistencia sigue siendo limitada en comparación a las enormes necesidades de la población. Muestra de esto es que en 2021 la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU recibió solo 36,9% de los 708 millones de dólares requeridos para asistir a 4,5 millones de personas.
Sanciones económicas agravan la situación
—¿Y las sanciones internacionales? Desde diferentes sectores, incluso propios de la oposición venezolana y la oficina de Bachelet, se asegura que afectan a la población.
—Es importante distinguir entre distintos tipos de sanciones. Por un lado, están las sanciones individuales, dirigidas a funcionarios venezolanos implicados en la represión y en actos de corrupción, impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Estas sanciones no tienen impacto alguno en la emergencia humanitaria. Con respecto a las sanciones económicas, nuestras investigaciones muestran que no es posible atribuirles la emergencia humanitaria ya que el colapso del sistema de salud venezolano es anterior a las sanciones y las importaciones de alimentos y medicamentos disminuyeron antes de su imposición. Sin embargo, es importante notar que, a pesar de contar con una excepción que permite las transacciones humanitarias, estas sanciones podrían exacerbar la grave situación humanitaria preexistente por el riesgo de que instituciones financieras se sientan obligadas a cumplir con las sanciones en casos más allá de los previstos en la propia normativa. Ello es un problema y es responsabilidad de quien las impone, en este caso de Estados Unidos, asegurarse de que no afecten a la población. Si bien es cierto que las sanciones reducen los recursos disponibles para las autoridades venezolanas, no hay ninguna garantía de que el régimen hubiese utilizado los ingresos del petróleo para comprar alimentos, medicinas y suministros médicos. De hecho, cuando contaban con esos fondos, los usaron para otros fines, incluyendo para pagar una deuda con Rusia.
Quema de Judas. Foto: AFP
Chávez, un intolerante
—Hugo Chávez expulsó de Venezuela a José Miguel Vivanco. ¿Cómo considera, 14 años después, que ha afectado esa decisión la situación de derechos humanos en el país?
—La expulsión de la delegación de HRW ocurrió cuando presentamos un informe que se tituló Una Década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. Irónicamente, la respuesta fue, justamente, la intolerancia a la crítica. Chávez sentó las bases para la concentración de poder y la falta de independencia judicial que Maduro heredó y profundizó. Durante el gobierno de Maduro Venezuela se vio sometida a un espiral de abusos sin precedentes. Tres informes publicados recientemente dan cuenta de la gravedad del deterioro en el país desde entonces. En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó que la justicia había sido cómplice en gravísimos abusos del régimen. En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal por posibles crímenes contra la humanidad. La Unión Europea publicó en febrero un informe explicando las limitaciones que hubo en las elecciones de noviembre para que los venezolanos pudieran votar libremente. Todo esto ocurre en un contexto donde, además, operan en Venezuela impunemente grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, en ocasiones conjuntamente con fuerzas de seguridad venezolanas, como documentamos en un reciente informe que acabamos de publicar.
Represión policial. Foto: EFE
Multiplicar las sanciones individuales
—¿Qué propuestas plantea usted, desde la dirección que maneja en HRW para evitar las violaciones sistemáticas de derechos humanos?
—Es difícil mantener la atención en una crisis como la venezolana, que lleva años. Resulta indispensable redoblar la atención y la presión internacional y para ello es importante mantener y multiplicar las sanciones individuales, así como los procesos penales tanto por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como los procesos penales por narcotráfico en Estados Unidos. Los esfuerzos por investigar graves violaciones de derechos humanos son largos y tediosos, pero son importantes para generar un expediente de evidencias que permitirá, tarde o temprano, que las víctimas tengan acceso a la justicia.
—¿Mantiene la organización o ha mantenido contacto con líderes de la oposición venezolana e incluso con representantes del gobierno de Venezuela?
—El trabajo de HRW iconsiste en reflejar la realidad a través de información sólida y corroborada. Para ello, contamos con testimonios de distintas fuentes, incluyendo víctimas, organizaciones de la sociedad civil y líderes de la oposición, y nos basamos también en información oficial.
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