La abogada y activista por los derechos de la sexodiversidad Tamara Adrián dijo este jueves que el cambio de nombre a personas trans es un pequeño paso, aunque afirmó que no es suficiente porque hay otros aspectos que dificultan su desarrollo en la sociedad.
“Esto no es suficiente. No es un reconocimiento de identidad porque (solo) hay un simple cambio de nombre”, dijo la diputada a la Asamblea Nacional de 2015 en una entrevista concedida al periodista Román Lozinski para Unión Radio.
Durante ocho días activistas permanecieron encadenados en la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para reclamar avances para la población LGBTIQ+. El martes tuvieron una reunión con diputados que se comprometieron a “obligar” al Consejo Nacional Electoral a cumplir la Ley de Registro Civil, que contempla el cambio de nombre por razones de género.
Se trata de una norma asentada hace 13 años y que las instituciones no cumplen.
Adrián señaló que en esa modificación no está contemplado el cambio de sexo en la documentación de las personas trans, que es el estándar que actualmente se aplica en países como México, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y en Perú por vía judicial, y que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Ese no es un reconocimiento de identidad, pero es un pequeño paso. Una persona trans resulta que va a buscar trabajo y le cuesta muchísimo, va a buscar una vivienda y le cuesta muchísimo, va a inscribirse en un centro educativo y le cuesta muchísimo. Por lo cual, en la práctica, los derechos más fundamentales quedan cercenados”, expresó.
Doce personas con nueva cédula de identidad
Los manifestantes explicaron que el miércoles, en compañía de legisladores, una decena de personas trans será la primera en solicitar ante el CNE un nuevo documento de identidad.
“En los próximos días vamos a tener unos nombres dignos ajustados a la forma en que vivimos”, dijo la abogada Richelle Briceño, que actuó como portavoz de los encadenados durante la última semana.
Además del derecho al cambio de nombre, los cuatro jóvenes que se amarraron en las afueras de la Defensoría del Pueblo también exigen al Estado anular el apartado judicial que condena con hasta tres años de prisión las relaciones homosexuales en los cuarteles, reseñó Efe.
Los activistas recriminaron el silencio de las instituciones públicas ante numerosas peticiones. Entre ellas una propuesta de matrimonio igualitario introducida ante el Parlamento en 2014, que no ha sido revisada.