La audiencia de juicio contra los dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acusados del asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo fue suspendida. Así lo informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
La organización señaló que este viernes se esperaba un posible veredicto.
Por este caso están siendo juzgados, bajo los cargos de homicidio calificado con alevosía y tortura, Ascanio Tarascio Mejías y Estiben Zarate Soto.
El abogado Alonso Medina Roa, defensor de la familia del capitán Acosta Arévalo, informó en junio que en la acusación contra los funcionarios queda pendiente la investigación de la cadena de mando involucrada en la muerte del oficial.
En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación del Ministerio Público contra los acusados alegando que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a los derechos de la víctima del delito.
Sin embargo, el mismo mes el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, señaló que se había realizado una nueva imputación, está vez reconociendo la intencionalidad del homicidio y la tortura.
El caso
Acosta Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dgcim por su presunta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.
Por algunos días se desconoció el paradero del capitán. Su abogado informó que al llegar al juzgado el 29 de junio el detenido presentaba signos de tortura y murió horas más tarde en el Hospital Militar, sin haber sido presentado ante el tribunal.
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denunció el mismo año que, según las informaciones recabadas, Acosta Arévalo había sido torturado y que ello le causó lesiones irreversibles.
En el acta post mortem se señaló que el cuerpo de Rafael Acosta Arévalo presentaba 38 lesiones, todas vinculadas con torturas.
El caso también fue denunciado por la Misión de Verificación de Hechos, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela.