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Súmate exigió la libertad de Nélida Sánchez

La coordinadora nacional de Formación de la ONG fue detenida el lunes y trasladada al Sebin. No se les ha confirmado su presencia ni han permitido a sus familiares, abogados ni amigos tener comunicación alguna con ella, dijo la organización en un comunicado
Por EFE
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Súmate, ONG dedicada a asuntos electorales, exigió este jueves la liberación de su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, tras más de 72 horas de su “injusta” detención, el pasado lunes, por “funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)”, según informó a través de un comunicado.

“Solicitamos su libertad plena y que se le garanticen el goce y el ejercicio de sus derechos a la comunicación con sus familiares y abogados, al debido proceso, a la vida y a la salud, establecidos (…) en la Constitución” venezolana, dijo la organización no gubernamental en un comunicado.

Señaló que, aunque fue “conocido su traslado” a la sede del Sebin, en Caracas, no les “han confirmado su presencia ni han permitido a sus familiares, abogados ni amigos tener comunicación alguna con ella”.

En el texto, Súmate aseguró que Sánchez padece “algunas enfermedades crónicas, entre ellas, afección cardíaca, que le ocasiona problemas circulatorios crónicos, además de sufrir de fibromialgia y asma”, por lo que pidió que se le garantice atención y tratamiento médico.

“Cuando ya han transcurrido más de 72 horas de su detención injustificada, porque no ha cometido delito alguno, lo cual está certificado por su expediente de vida, reiteramos nuestra solicitud de libertad plena para Nélida Sánchez (…) y que se le garanticen y respeten todos sus derechos”, sostuvo la oenegé.

Su detención se produjo en un contexto de crisis política tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, un período durante el que la oposición mayoritaria, que denuncia fraude, y numerosas organizaciones dentro y fuera del país alertan de un aumento de “la persecución”.

Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales- y 25 fueron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado.

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