La organización Súmate, enfocada en temas electorales, exigió este martes la liberación de su coordinadora nacional de formación, Nélida Sánchez, quien cumple 100 días detenida, un periodo durante el cual -aseguró- se han vulnerado sus derechos constitucionales.
«Es una ciudadana ejemplar, como lo demuestra su trayectoria de vida, destacada por su contribución a la formación ciudadana y la promoción de los derechos humanos, incluyendo el de elegir y ser elegido, lo cual no constituye un delito ni motivo para ser procesada», señaló la ONG en un comunicado difundido en X.
Hoy #03Dic nuestra Coordinadora Nacional de Formación Ciudadana Electoral, Nélida Sánchez, cumple 100 DÍAS DETENIDA. Es una ciudadana ejemplar, lo cual se puede corroborar en su actuación de vida, en la que resalta su contribución a la formación ciudadana para el ejercicio de los… pic.twitter.com/B9KvBk3qPd
— A.C. Súmate (@Sumate) December 3, 2024
Súmate reiteró que Sánchez debe ser puesta en libertad y exigió que el Estado repare los «daños morales y físicos» sufridos por la activista durante su reclusión. La organización denunció que durante su detención se han vulnerado derechos fundamentales como la «libertad personal, la presunción de inocencia, el acceso a una defensa legal de confianza, el derecho a ser escuchada con garantías y a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial».
El caso de la coordinadora de Súmate
El pasado 9 de noviembre, la ONG denunció que un juez de un tribunal antiterrorismo ordenó el inicio de un juicio contra Sánchez basado en lo que calificó como un «acta policial forjada». Según el comunicado, esta decisión violó el derecho al debido proceso y mantuvo cinco cargos en su contra, apoyándose en pruebas que la organización considera fabricadas.
Sánchez fue arrestada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y enfrenta acusaciones de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir. La detención se produjo en medio de una crisis política marcada por la controvertida reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio, un proceso que la principal coalición opositora ha denunciado como fraudulento, junto con un aumento en la «persecución» y «represión» por parte del gobierno.
En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Sánchez, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».