El conflicto que se presentó el lunes en el Centro Penitenciario de Cumaná, estado Sucre, llegó a su fin entre el martes en la noche y ayer en la madrugada, cuando los presos dejaron en libertad a los 31 empleados administrativos y custodios adscritos al Ministerio del Servicio Penitenciario. La acción estuvo dirigida por uno de los pranes de la cárcel.
Al final de la tarde los reclusos decidieron dejar en libertad a 10 de los rehenes, pero 21 continuaban en su poder. Estos quedaron libres ayer en la madrugada. No obstante, no se dieron a conocer las identidades de los 5 hombres y las 5 mujeres que fueron liberados en principio.
Todo comenzó cuando ese grupo de empleados llegó al penal. Al parecer, los presos habían solicitado a las autoridades que los trasladaran a los establecimientos penitenciarios de Tocorón, en Aragua; Tocuyito, en Carabobo, y Puente Ayala, en Anzoátegui.
Se conoció que del centro penitenciario salió un autobús con 7 privados de libertad con destino a El Dorado en el estado Bolívar. Luego otros 20 internos fueron subidos a un colectivo cuyo destino se desconoce.
En la cárcel de Cumaná les informaron a los familiares de los trasladados, que aguardaban en las adyacencias, que los llevarían al establecimiento de El Dorado.
Familiares que permanecían en las cercanías de la cárcel señalaron que solo les informaban que había un motín y que un grupo de presos había secuestrado a unas personas.
Para los allegados a los privados de libertad la situación se complica al tener que viajar al estado Bolívar para las visitas, pues deben invertir una cantidad de dinero que no poseen. Si era difícil verlos y llevarles lo necesario en Cumaná, ahora se les hará cuesta arriba.
Los parientes exigían a la ministra Iris Varela que autorizara el traslado de los reclusos al penal de Puente Ayala, en Anzoátegui.
“Mi cónyuge me pidió que me reuniera con los demás familiares de los presos y exigiéramos a las autoridades el traslado de los rehenes a otro lugar”, dijo una mujer que había logrado hablar con su marido. Los familiares de los reos se preguntaban cómo estos tienen en su poder armas de fuego y granadas.
Los reclusos hicieron una llamada por teléfono para informar que habían tomado como rehenes a los empleados, como medida de protesta y para exigir condiciones mínimas de servicios para la población de 333 reclusos. Igualmente, rechazaron las constantes violaciones del derecho a la salud y a una alimentación balanceada.
A pesar de la actitud de los dirigentes del conflicto, no descartaron la posibilidad de dialogar con representantes del gobierno.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, dijo que todo concluyó sin nada que lamentar, pues si los presos tienen armas de fuego cualquier cosa puede pasar.