Policías y militares del régimen de Nicolás Maduro asesinaron a 2.853 venezolanos en el año 2020, informó este martes el Programa Venezolano de Educación Acción en los Derechos Humanos. Los organismos, señaló, fueron más letales durante las restricciones aplicadas debido a la pandemia de coronavirus.
Provea señaló en el informe Lupa por la vida, desarrollado en conjunto con el Centro de Investigación Gumilla, que la mayoría de las víctimas en procedimientos irregulares vivía en sectores populares del país y tenían entre 18 y 30 años de edad.
Esto, indicaron las organizaciones, representa un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes.
En el informe se expuso que esta situación, sumada al precario acceso a derechos como la educación y al trabajo, da cuenta de la creciente migración forzada de personas que buscan protección en otros países y profundiza la emergencia humanitaria.
«Ni el supuesto confinamiento ‘obligado’ debido a la cuarentena decretada por el ejecutivo nacional por la aparición de la pandemia de coronavirus frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares», afirmó Provea.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos y el Centro de Investigación Gumilla iniciaron en 2019 un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar.
Los funcionarios, aseguraron, actúan con plena libertad porque tienen la certeza de que las autoridades no investigarán ni sancionarán sus conductas. Además de que cuentan con el presunto respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.
Los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia (667), Aragua (297), Bolívar (269), Lara (193), puntualizó.
En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento.
El informe destacó que la PNB, principalmente a través de la FAES, es el cuerpo más letal. En los primeros seis meses del año, señaló, la policía nacional fue presuntamente responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55% del total.
Luego, agregó, le sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas con 593 casos, lo que equivale al 17,52% del total. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es responsable de 359 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana, según la organizaciones.
Dos casos: un elemento común
El pasado 21 de agosto de 2020 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la Fuerza de Acciones Especiales, asesinaron a Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicación que mantiene un perfil de apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
«Para alivio de los familiares de las víctimas, el Ministerio Público actuó rápido y cuatro días después detuvieron a los seis funcionarios presuntamente responsables del crimen», indicó el informe.
Dos meses antes, en la madrugada del 11 de junio, la FAES asesinó a cinco personas en el sector El Limón de Caracas: Arquímedes Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez.
Esto último era escolta de Iris Valera, en ese entonces ministra de Asuntos Penitenciarios, quien denunció el procedimiento y exigió una investigación. Dos días después, estaban detenidos los presuntos responsables.
«Las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial, y aunque fueron víctimas de la letalidad policial sus familiares contaron con el acceso a la justicia lo que define un patrón discriminatorio que depende de la vinculación a la facción de poder y, hace de la justicia un ejercicio discrecional».
Las organizaciones expresaron que en Venezuela la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político y que, por lo tanto, queda excluida del acceso al derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales.
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