No existen cifras ni estadísticas que indiquen cuántos menores de edad se encuentran en situación de calle, sin hogar ni escolaridad, iniciándose –o perfeccionándose– en el intrincado camino del delito, a pesar de que existe la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, Lopnna, que les garantiza “el buen vivir, como lema del gobierno nacional”.
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización no gubernamental que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad, afirma que es común la presencia de chicos de entre 5 años y 12 años de edad en las calles, y su participación en hechos delictivos que comienzan con el hurto, el arrebatón, el robo y hasta el homicidio.
“No sabemos si ha disminuido o se ha incrementado la actuación de menores en hechos delictivos porque el Estado lo ha convertido en una caja negra. Lo que sí es cierto es que son niños que están en las principales avenidas, calles y centros comerciales, no solo en el área metropolitana de Caracas sino en todo el país. La calle se ha convertido en la jungla de supervivencia y no hay un organismo que les dé abrigo ni protección”, dijo.
Lo cierto es que niños de entre 5 años y 12 años, que actúan en pequeños grupos, arrebatan carteras, hurtan teléfonos celulares y bolsas de compras a personas que recorren los centros comerciales, especialmente en las ferias de comida y colas en cines, según reportes no oficiales de los departamentos de seguridad de esos establecimientos. Los vigilantes no pueden detenerlos de acuerdo con la ley, y los dejan escapar. Ocurren generalmente en espacios cercanos al río Guaire, donde se ocultan.
“Son niños que se concentran en varios sitios y generalmente son de diferentes barrios. Llegan a conocerse en las calles y se unen para cumplir un solo propósito: delinquir a diario”, afirmó la comisario Aliska Vera, directora de la Unidad de Investigación, Prevención y Protección del Niño, Niña, Adolescentes, Mujer y Familia, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Precisó que no poseen cifras actuales sobre delitos cometidos por niños en 2017, pues las estadísticas se manejan de forma individual por cada subdelegación del cuerpo detectivesco. No hay acceso de estos datos para la prensa.
Desde el 19 de marzo, cuando dos militares fueron asesinados por un niño de 8 años de edad y otra adolescente de 14 años en el bulevar de Sabana Grande, no se han registrado casos similares. “Estos menores son víctimas del sistema. Niños que provienen de hogares empobrecidos, familias con padres separados y otras carencias que los llevan a solucionarlas en las calles”, añadió.
Aunque se abstuvo de informar sobre los centros o albergues a donde los menores infractores son llevados, hay dos centros “de atención al adolescente en conflicto con la ley penal”, según la definición oficial y adscritos al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Son Ciudad de Caracas, en El Cementerio, y Doctor José Gregorio Hernández, en Antímano, ambos en Caracas. En ninguno de ellos se proporcionó información.
Debilidades en la legislación. “No son niños de la calle, ahora son los niños de la patria. La frase que resulta contradictoria ante una realidad palpable: Niños de la patria que andan descalzos, no se sabe de sus padres, ni de dónde vienen. Son violentos, agresivos, niños a quienes el sistema les ha robado la infancia”, afirmó Odalis Caldera, comisario jubilada del Cicpc y fundadora de la División Nacional contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, en 1999.
La ex funcionaria indicó que los niños que han cometido delitos y permanecen en las calles son víctimas de la ruina moral y descomposición social en los hogares. “Niños a quienes les ha violado el derecho a la vida sana, educación, cobijo y alimentación. ¿Y dónde está la Lopnna?, por ello es necesario hacer una revisión profunda de la legislación en la materia, indagar el contexto de ese niñito o niñita que mientras otros de su edad están de vacaciones o en el colegio, este anda descalzo, ha sido maltratado o abusado por otro adolescente de mayor jerarquía en el grupo y que ha tenido que evadir el hambre consumiendo alguna sustancia nociva”, aseveró.
El Cicpc, después del homicidio ocurrido en marzo desplegó funcionarios especializados en tema de prevención del delito en las 22 parroquias del municipio Libertador, donde se han instalado conversatorios en materia de familia y derechos de los niños y niñas.
Pero no se han materializado las políticas, planes y programas que se desprenden de la Lopnna, afirmó Trepani. “No se evidencia que se hayan cumplido los procesos de planificación, formación, monitoreo y evaluación de esa gestión pública con base en el enfoque de derechos humanos consagrado en la Convenciónsobre los Derechos del Niño”.
Datos y recomendaciones de Cecodap
–La rectoría en materia de infancia y adolescencia ha transitado por cinco ministerios, pero ninguno de ellos ha cumplido las funciones más básicas que competen a este órgano rector.
–Se desconoce la asignación de recursos presupuestarios públicos que permitan evaluar las inversiones como en los recortes presupuestarios y no se han concebido indicadores sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes actualmente.
–Existe un debilitamiento progresivo de las familias como espacios de formación social.
–Preocupa cómo los niños y adolescentes se forman en esta cultura de la violencia que se impone y extiende, llegando incluso a naturalizar o normalizar la actuación criminal.
–Creación de casas-hogares que cuenten con el personal multidisciplinario para la atención de niños y niñas que han vivido en las calles
–Conocer de cerca el hogar que vio crecer a esos niños y atacar el problema de raíz. Evaluar las condiciones de vida y atender las necesidades familiares.
–Disminuir los factores de riesgo o vulnerabilidad con la creación de políticas sociales básicas para la atención temprana de niños, niñas y adolescentes, que son el blanco susceptible para iniciar en el mundo hamponil.
–Reclamar ante los organismos correspondientes, velar por el crecimiento del niño, niña y adolescente en una sociedad justa y equilibrada que le brinde las mejores oportunidades para su crecimiento y desarrollo como ser humano.
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