Estefanía Brito | esbrito@el-nacional.com | @ebritop22
En la sesión ordinaria de este martes, los diputados a la Asamblea Nacional condenaron la crisis que existen en los organismos de seguridad del Estado, que carece de planes y de equipos para combatir a la delincuencia organizada.
Durante un debate con motivo de los sucesos registrados el 26 de julio en el sector Las Brisas de la Cota 905, al oeste de Caracas, los legisladores rechazaron la actuación de las instituciones gubernamentales frente a los grupos delictivos que operan en la barriada, que en 2013 fue declarada «zona de paz».
El segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, ordenó a la Comisión de Política Interior iniciar una investigación sobre el caso y citar al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, Douglas Rico, entre otros altos funcionarios de la institución.
«Las mal llamada zonas de paz no son más que guaridas de delincuentes. Ahora las personas que están solicitadas tienen donde resguardarse, con armamentos de guerra», afirmó Yajaira Forero, parlamentaria por Primero Justicia.
En su intervención, que se vió interrumpida por un corte de luz, la legisladora indicó que ante la falta de políticas efectivas para frenar la inseguridad el régimen de Nicolás Maduro no tuvo otra opción que crear estas ‘zonas de paz’ y aceptar las condiciones de los delincuentes, para «pacificar» estos lugares.
«Vemos planes de seguridad fracasados, que no llegan a ninguna parte y a los que no se le da continuidad para que pueda funcionar. No existe voluntad política, por eso se han incrementado los delitos», precisó.
Afirmó que debido a las malas políticas de seguridad Venezuela aparece en las estadísticas como uno de los países más inseguros del mundo, hecho que, a su juicio, también ha propiciado la diáspora de connacionales.
El Legislativo le otorgó el derecho de palabra al abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel. A su juicio, este episodio es un resumen de los problemas que enfrenta el país.
Indicó que el cederle territorio a bandas delictivas para que operen es un error que pagan los venezolanos, al resaltar que estas zonas sirven como centro de operaciones para secuestro de personas y desmantelamiento de vehículos, entre otros crímenes.
Afirmó que mientras persista la cúpula chavista en el poder es imposible aplicar un plan desarme efectivo para quitar el armamento de guerra que tienen estos antisociales: «Instrumentos legales ya existen, pero por falta de voluntad política no se terminan de aplicar».
Mencionó que las instrucciones de retiro durante el enfrentamiento genera frustración entre los funcionarios, lo que los motiva a abandonar el organismo para emigrar o prestar servicios al sector privado: «Ahora las instituciones secuestradas solo sirven para perseguir diputados, mientras los antisociales gozan de inmunidad».
José Luis Pirela, de la Fracción 16 de Julio, señaló que el régimen organizó a estos grupos armados para proteger sus intereses económicos, políticos y de mafias: «El retiro de esos funcionarios es un mensaje para el resto de los cuerpos policiales de que las ‘zonas de paz’ son territorio de impunidad donde gobierna el delito y las mafias».
Ante esta situación, consideró que se debe continuar con el proceso de reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y frenar el proceso de negociación en Barbados puesto que este no llevará a un proceso de elecciones libres: «¿Cómo será el centro de votación de la Cota 905 con ‘El Coqui’ siendo coordinador?».
30 kilómetros de costa contaminadas
Los 85 diputados presentes en la plenaria acordaron hacer seguimiento al derrame de petróleo de la Planta Centro, ubicada en el estado Carabobo, que ha afectado a los pescadores, comerciantes y ha ocasionado grandes consecuencias ambientales y en la crisis electrónica.
Rechazaron que ante esta situación, que tiene contaminada 30 kilómetros de costa desde Tucacas hasta Puerto Cabello, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima, Pdvsa y Protección Civil no hayan tomados medidas de seguridad para proteger a los ciudadanos.
“Esto afecta la ecología, la fauna marina y a la población de las zonas aledañas. El gobierno regional y nacional son unos irresponsables, esto es un delito de lesa humanidad que quedará registrado en la AN para que en un futuro sean penalizados los responsables de este ecocidio”, enfatizó el legislador Carlos Lozano.
Reforma de la Ley del Ivic
Durante la sesión de este martes fue presentado el proyecto de reforma de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para su segunda discusión, la cual se vio interrumpida debido a las interrupciones del servicio eléctrico.
Este proyecto, que consta de 35 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y una disposición final, fue elaborado por la Comisión de Ciencia y Tecnología junto a los trabajadores del IVIC. Con esta reforma, el Parlamento pretende devolverle la autonomía a la institución con el objetivo de devolver la transcendencia académica.
«Necesitamos invertir, no solamente en educación, sino en investigaciones que permitan el mejoramiento de la calidad humana de nuestros venezolanos y lograr el desarrollo del país», sentenció Luis Lippa, presidente de la instancia legislativa.