Fundaredes reportó el enfrentamiento armado que mantienen desde el pasado mes de enero grupos guerrilleros de origen colombiano y bandas delictivas con alto poder de fuego, entre ellas las conocidas como sindicatos, en Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas. En un boletín reciente, la organización no gubernamental señaló que con estos hechos quedó en evidencia la inacción del Estado venezolano.
Por las actuaciones de esas organizaciones criminales han muerto nueve personas, indicó el informe Guerrilla colombiana y sindicatos armados pugnan el control de los pasos fluviales en el estado Monagas. Agregó que durante los primeros días del año el Ejército de Liberación Nacional incursionó en la localidad para intentar quitarle el control del territorio a la megabanda Sindicato de Barrancas, que tiene el poder de las actividades delictivas en la zona desde hace aproximadamente 15 años.
Fundaredes dijo que Barrancas, capital del municipio Sotillo, tiene una ubicación geográfica estratégica por el acceso al sur con la zona del Arco Minero del Orinoco, al este con el Delta y de allí al mar Caribe y al océano Atlántico, una ruta apetecida por las redes de tráfico de metales preciosos, drogas y trata de personas.
“Es un punto de paso fluvial que puede servir de parada o lugar de conexión para la canalización de la distribución de productos de tráfico ilícito, aunque también podría ser aprovechado por las autoridades para establecer planes de seguridad y de control territorial que sirvan para desarticular las actividades criminales”, expone.
Detonaciones de granadas y disparos
El 1° de enero, alrededor de las 3:00 am, a los habitantes de Barrancas del Orinoco los sorprendieron detonaciones de granadas y disparos con armamento de guerra cuando celebraban en la calle la llegada del Año Nuevo. La multitud que estaba reunida salió en estampida para intentar resguardarse en las casas cercanas.
La ONG señaló que algunos pobladores aseguran que el ataque estaba advertido. Antes de que eso ocurriera, el Sindicato de Barrancas había prohibido el uso de fuegos artificiales durante las festividades. Pero, además, habitantes afirman que la guerrilla había infiltrado las filas de la organización criminal local.
“Al parecer, el conflicto entre la guerrilla del ELN y el Sindicato de Barrancas se originó por el intento de la megabanda de despojar de mercancía a miembros de la guerrilla en un asalto a sus embarcaciones, un hecho ocurrido entre el 25 y 26 de diciembre de 2021”, indica el boletín de Fundaredes.
Ese enfrentamiento se prolongó por más de 8 horas.
Se reportados varios muertos, aunque, señala Fundaredes, el número no pudo precisarse porque algunos pobladores hablaban de más de 10 cadáveres, gran cantidad de heridos y hasta medio centenar de desaparecidos. Pero las autoridades solo reconocieron 7 muertos y 2 heridos. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana confirmó haber recolectado más de 800 conchas de proyectiles de armas de fuego de distintos calibres.
El hospital local Tulio Ramírez colapsó debido a la gran cantidad de personas heridas, incluidos hombres, mujeres y niños que llegaron. Pero no se publicó una lista formal, aunque se pudo conocer de la muerte de dos hombres que habían ingresado con múltiples heridas de bala. Esto elevó a nueve el número oficial de muertes.
Desplazamientos de familias
Pese a la militarización de la zona desde el 3 de enero, al día siguiente se escucharon nuevas ráfagas de disparos, lo que motivó el desplazamiento de cientos de familias hacia Delta Amacuro, al otro lado del Orinoco, por temor a que se repitiera la masacre, dice el informe.
El día 5 de enero se suscitó un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad que se movilizaron a la zona y miembros del Sindicato de Barrancas. Se generó otra oleada de terror entre los pobladores e incrementó el desplazamiento de familias, dejando sus casas y pertenencias. Ese día dos delincuentes murieron a manos de las autoridades.
Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, aseguró que viajó al estado Monagas para investigar lo ocurrido en días anteriores. El toque de queda impuesto por las autoridades durante más de 100 horas afectó especialmente a integrantes del pueblo warao porque el confinamiento les impidió realizar sus actividades diarias de recolección de alimentos.
“Mientras tanto, ningún organismo estatal ha brindado asistencia. Los cuerpos de seguridad están desplegados en las calles de Barrancas del Orinoco, pero organizaciones de derechos humanos no han podido presentarse”, denunció la organización Kapé Kapé.
La situación también afectó la cotidianidad de la población general. A raíz de los combates constantes y el toque de queda la economía se paralizó. Los habitantes de Barrancas organizaron marchas y protestas pacíficas exigiendo paz. Sin embargo, en días posteriores continuaron los enfrentamientos entre funcionarios y delincuentes.
Fundaredes afirmó que con la llegada de los cuerpos de seguridad a la zona se registraron excesos policiales y abusos de poder.
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