La CIDH responsabilizó al Estado venezolano por las negligencias y violaciones de derechos en el caso de Linda Loaiza López Soto, quien fue secuestrada, torturada, mutilada y violada durante casi cuatro meses en el año 2001.
Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas, aseguró que esta “es una sentencia histórica para Venezuela”, pues es la primera vez que un caso de violencia de género que demanda al Estado es admitido y sentenciado por la CIDH. También es la primera vez que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sanciona a un particular por el delito de tortura, en este caso Luis Carrera Almoina, quien la mantuvo en cautiverio en su residencia.
“El fallo representa un logro y avance en la tarea titánica de conseguir justicia que comenzó en el año 2007”, expresó Linda Loaiza. Dijo sentir gran satisfacción personal en virtud de la lucha que ha llevado por años, y recalcó que el caso continúa en impunidad, ya que el autor de los delitos de violencia sexual y tortura no recibió castigo alguno por parte de las autoridades nacionales.
Señaló que espera el cumplimiento íntegro de la sentencia en el plazo establecido, así como la aplicación de las medidas de reparación como la continuación del proceso penal, sanción para los responsables, atención médica para Loaiza y familia, becas de estudio, la creación de un sistema de recopilación de datos y cifras sobre violencia contra las mujeres, entre otros.
Los actos de tortura y violencia sexual, sufridos por Loaiza, incurrieron en la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericanapara Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, explicó el tribunal.
Los jueces indicaron que la opacidad en los procesos investigativos, omisión de la debida diligencia en situaciones de violencia de género y altos niveles de negligencia determinaron la responsabilidad del Estado venezolano, que derivaron en esclavitud sexual y los actos de tortura. La reacción insuficiente y negligente de los funcionarios que, al tener conocimiento de la situación, no optaron por la aplicación de medidas de forma razonable, sino que además su accionar causó alerta en el agresor, refiere la CIDH.
Loaiza López fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 por Carrera Almoina. Desde entonces fue golpeada, violada y sometida a vejaciones hasta que pidió auxilio y fue rescatada por los bomberos y la policía. Estuvo un año en un hospital donde le realizaron 15 operaciones. Su agresor fue detenido y puesto en libertad en el 2004, por lo que el caso fue llevado instancias internacionales para exigir justicia.