De un día para otro le cambió la vida a Francisco Barra. El comerciante, padre de cinco hijos, vivió hasta el 18 de agosto en un bloque del urbanismo Gran Misión Vivienda del sector Las Marisa en el barrio El 70 de El Valle. Tuvo que mudarse a otro lugar para resguardar su vida y la de su familia.
Barra, de 44 años de edad, salió aquel día a trabajar como de costumbre, mientras su pareja se dirigió a un centro asistencial a llevar al hijo de poco más de un año, que aún amamanta, porque presentaba problemas de salud.
Cuando ella regresaba al hogar, a las 11:00 de la mañana, vio con sorpresa cómo 15 funcionarios de la PNB subían en tres camionetas de ese organismo enseres y otros objetos de la familia. Se acercó a ellos para preguntarles por qué tomaban sus pertenencias, que tenían facturas de compra que podía buscar en la casa, pero la respuesta que le dieron los uniformados fue esposarla y calificarla de cómplice. Le quitaron al niño y se lo entregaron a una vecina para luego trasladarla a la PNB de El Valle.
Más tarde, cuando se enteró de lo ocurrido con su pareja, Barra fue a la sede policial, donde quedó detenido. Funcionarios le dieron varias versiones de cómo se enteraron de que tenía mercancía en su vivienda. Uno dijo que recibieron una llamada anónima mediante la cual denunciaron que en su inmueble había mercancía de dudosa procedencia.
Los argumentos de los uniformados se multiplicaron, pero la pareja continuaba detenida. No obstante, el niño fue llevado para que la madre lo amamantara.
A las 11:00 de la noche le propusieron a Barra que firmara un inventario que le obligaron a hacer en una hoja reciclada de la PNB, en la cual constara que le devolvían lo que se llevaron de su vivienda. Fue bajo amenaza: si no aceptaba firmar ese documento, quedarían detenidos, por lo que tuvo que aceptar la propuesta. A él no le importaba seguir preso, pero sí le preocupaba su pareja, que debía atender al bebé.
Los hechos. Media hora después ambos llegaron a su casa y se percataron de que hicieron destrozos: la puerta y la reja habían sido derribadas por los policías. En esas condiciones la residencia no les ofrecía seguridad, por lo que decidieron irse a otro lugar. Además, en el inmueble tienen que practicar experticias, pues los policías entraron sin orden de allanamiento de un tribunal.
Sin importarle las consecuencias que pudiera traerle, Barra denunció el hecho ante el Ministerio Público. La Fiscalía 125º de Derechos Fundamentales se encargó de la averiguación solamente por allanamiento de morada, y no se tomó en cuenta lo sustraído del inmueble porque ya existía el inventario que Barra firmó.
El denunciante dijo que ahora el fiscal 125° está de vacaciones y otro se encargó del caso. Aseguró que recibió llamadas de un funcionario de la PNB que lo amenazó porque acudió al Ministerio Público. Sin embargo, el comerciante no se atemorizó y volvió a la Fiscalía para suministrar el número telefónico de quien trató de amedrentarlo.
Barra hizo un llamado al ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol; al fiscal general, Tarek William Saab, y a otras autoridades con el fin de que se imponga la justicia y estos atropellos contra ciudadanos no continúen.
El balance
El comerciante Francisco Barra, que hasta 2015 fue contratista de Hidrocapital, hizo un balance de lo sustraído en su vivienda e indicó que le devolvieron algunas pertenencias, entre ellas dos motos Kawasaki y dos bicicletas de sus hijos adolescentes, pero no así otros objetos que figuran en el inventario, como una aspiradora, resmas de papel, cuadernos y medias escolares para sus hijos, harina de trigo, latas de aceite para vehículos, herramientas y bolsas de colostomía con sus respectivas bases (debido a que Barra sufre obstrucción intestinal), entre otros objetos. Tuvo conocimiento de que después los policías cambiaron latas de aceite para carros por refrescos en negocios de la zona donde él vivía, en el barrio El 70 de El Valle. Lo sustraído estaría por el orden de los 500 millones de bolívares.
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