Una amiga de Darwito avisó en su casa que lo habían matado. Su abuela, Martha de Ramírez, estaba sentada en la cocina cuando la joven tocó insistentemente la puerta en una humilde casita de la avenida Intercomunal de El Valle.
Pero, ¿qué pudo pasar? Darwin Francisco Ramírez Guzmán tenía pocos minutos de haber salido y ella recuerda que le pidió que no estuviera mucho en la calle; él se miró en el espejo y se fue.
Lo asesinaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
El muchacho, que tenía 20 años de edad, ahora forma parte de las estadísticas. Y sus abuelos, que se consideran sus padres porque estuvieron a cargo de la crianza, luchan contra la indiferencia de la justicia y 98% de impunidad del sistema judicial, según Cofavic.
Cifras del Monitor de Víctimas –un proyecto de data periodística– indican que 301 personas fueron asesinadas a manos de los cuerpos de seguridad durante un año en Caracas, entre mayo de 2017 y mayo de 2018.
El Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana lideran los asesinatos con 133 y 130 ejecuciones, respectivamente; es decir, entre ambos cometieron la mayoría de las ejecuciones (87,3%) nada más en la capital.
Testimonios de las víctimas, recogidos en la morgue de Bello Monte, reflejan casi siempre el mismo patrón: funcionarios irrumpen en la vivienda sin orden judicial, encierran o sacan de la casa a los familiares, los agreden, le disparan al joven y luego alegan un enfrentamiento con un presunto delincuente.
En muchos casos niños de la familia han presenciado los homicidios. Luego los policías roban pertenencias y comida, según cuenta la mayoría de los consultados.
Además de la policía científica, las Fuerzas de Acciones Especiales, componente de la PNB, han realizado los dispositivos madrugadores en los barrios que dejaron atrás las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo de 2015 o, como las llamó después el presidente Nicolás Maduro, Operación de Liberación Humanista del Pueblo, al admitir las irregularidades en esos procedimientos en los que participaban varios cuerpos de seguridad.
El informe de Ejecuciones Extrajudiciales de 2017 de la ONG Cofavic –que vela por la promoción y protección de los derechos humanos– indica que el Cicpc (70%) y la PNB(30%) también tienen la batuta como los principales cuerpos que cometen ejecuciones extrajudiciales.
El Estado se lava las manos. En la investigación de Cofavic se explica que no hay cifras oficiales ni registros individualizados, aunado con el hecho de que la gente no denuncia las agresiones por falta de credibilidad en la justicia.
En el caso de Darwin Ramírez todavía no hay detenidos ni algún avance que tranquilice a sus abuelos, Martha de Ramírez y Jorge Ramírez. De hecho, no existe fiscal titular en el tribunal que lleve la causa. Desde el 30 de noviembre de 2017 se han enfrentado con diversas irregularidades.
Ese día mataron a otras cuatro personas, pero los familiares no denunciaron. Sin embargo, los abuelos de Darwito –como lo llaman por su papá– se esfuerzan por defender la memoria de su muchacho, quien se había graduado de bachiller y en enero de este año iniciaría estudios de Informática en la Universidad Bolivariana de Venezuela. “Nunca estuvo preso ni tenía antecedentes. En las declaraciones de mi esposo ese día colocaron cosas que él no dijo. Además, escribieron que falleció el primero de diciembre pero él entró sin signos vitales al hospital el mismo 30 (de noviembre). Además, sus documentos, su celular y una cadena de plata de su abuelo desaparecieron. Luego en la declaración pusieron el número telefónico de Darwito, y mi esposo nunca lo dio”, contó la abuela.
La mujer, de 63 años de edad, de tez morena y con el cabello corto canoso, es muy exigente con la crianza de sus hijos y nietos, al igual que su esposo. La sala de su casa la adorna con fotografías de la familia en los actos de graduación, incluso hay una de ella y su esposo recibiendo el título de abogado de la UBV, ya mayores.
Descartó que la víctima estuviera implicada con alguna banda o que se enfrentara al Cicpc, pues era un joven sano y no portaba armas. Antes de su muerte había estado frente al liceo donde estudiaba con sus amigos, como solía hacerlo.
En el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refieren a la simulación de una resistencia, para obstruir una investigación imparcial y efectiva con el fin aclarar las muertes.
“En otros casos se reportó que las fuerzas de seguridad manipularon la escena y evidencias para que las muertes parecieran haber resultado de intercambios de fuego”, dice el texto.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que desde enero de 2017 el Estado no publicó resultados de las OLHP, situación que resulta menos transparente y difícil de seguir como las OLP, operaciones que exacerbaron la violencia en los barrios y en las que también se registraron ejecuciones extrajudiciales.
Liliana Ortega, coordinadora general de Cofavic, indicó que es necesario que haya respuesta institucional y que el Estado produzca resultados para que las víctimas se sientan protegidas.
”Mientras esto ocurra va a continuar y profundizarse (el problema), el Estado debe producir condenas, detener a los responsables y dar medidas de protección, dar señal inequívoca de que no es una decisión de Estado estas ejecuciones».
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