El resto de los casos se especifica así: mujeres que quedaron atrapadas en la línea de fuego (4), ultimadas en presuntos enfrentamientos con funcionarios policiales (2), fallecidas por móviles no determinados (2), asesinadas por delincuentes (2) y muertas en protestas antigubernamentales (1).
La cifras fueron recabadas en monitoreo periodístico y entrevistas directas con los familiares de las víctimas.
El director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, comisario Douglas Rico, exhortó a la denuncia a través del Programa de Prevención Social. “Se exhorta al pueblo venezolano a denunciar este grave delito para erradicarlo como una lacra que carcome nuestra sociedad”, dijo a través de Twitter.
“El feminicidio es un delito público y de Estado, un asunto de derechos humanos, un problema social, de salud pública y educación”, recalcó.
Aunque pareciera que en teoría los órganos receptores están en completa disposición de atender las denuncias, abogados, especialistas en derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia opinan lo contrario. Familiares de las víctimas refieren lo mismo.
Carolina Godoy, abogada en el Centro de Justicia y Paz, especialista en derechos humanos y magíster en drogodependencias, refirió que solo 20% de las denuncias recibidas en la unidad de atención a la víctima del Ministerio Público tienen respuesta: “El agresor suele acatar las medidas de alejamiento, se fijan acuerdos y la mujer víctima puede continuar su vida sin ningún otro tipo de riesgo”.
De 80% restante, aproximadamente 60% terminan en feminicidio: “Porque nuestros organismos no están capacitados ni tienen suficiente personal para hacer el trabajo de acompañamiento a la víctima”.
“Una vez que denuncian, a esas mujeres se les debe llamar con regularidad, visitar sus hogares con trabajadores sociales, especialistas en temas de familia, porque el resto de personas que integran el núcleo también sufren las consecuencias”, sostuvo.
La abogada hizo mención del caso de Melissa Sidney Arcila Ruiz, asesinada en mayo pasado: “Cada vez que la mujer solicitaba la orden de alejamiento, en el organismo le decían que no había tinta para imprimirla, ni hojas, ni sello para certificarla. En ocasiones le pidieron un pen drive para archivarla y que ella la imprimiera en un centro de documentación. Así transcurrieron los meses hasta que la ex pareja de Arcila la asesinó”.
Mercedes Muñoz, miembro de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa indicó: “La impunidad y la inoperancia de los sistemas de protección, tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional, sumerge a las mujeres, adolescentes y niñas, en la peor de las violencias, la estructural, que termina promoviendo en el imaginario colectivo que la violencia es inevitable y que debemos aprender a vivir con ella”.
