Al menos 24 personas han muerto en Venezuela en protestas en rechazo a la reelección de Nicolás Maduro, fuertemente reprimidas por las fuerzas del orden, que este martes cerraron filas con el gobernante izquierdista.
Maduro fue proclamado por la autoridad electoral como presidente reelecto para un tercer mandato de seis años con 52% de los votos frente a 43% del opositor Edmundo González Urrutia, representante de la dirigente María Corina Machado, que denuncia un fraude.
Horas después del primer boletín, estallaron manifestaciones en Caracas y otras ciudades del país, incluidos barrios pobres que históricamente se definían como chavistas.
«Los registros dan cuenta de 24 personas fallecidas entre el domingo 28 de julio y el lunes 05 de agosto en eventos y protestas relacionadas con los comicios», según informe de la ONG de derechos humanos Provea, que incluye un militar.
El balance coincide con un reporte que más temprano ofreció la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.
Las movilizaciones mermaron casi al instante en medio de represión y detenciones arbitrarias denunciadas por activistas. La prensa ha informado de la muerte de manifestantes que llegaron heridos a centros de salud.
Maduro ha reportado dos militares fallecidos, sin mencionar bajas civiles. Sí ha dicho que hay más de 2.200 personas arrestadas, a las que llama «terroristas» y que vincula con un plan para derrocarlo.
El mandatario dijo que alista dos cárceles de alta seguridad para trasladar a estos detenidos.
Este martes, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, rechazó «cualquier acto que lleve al aumento de la violencia o que genere represión» e instó «a que haya mucha cautela, mucha prudencia, para evitar que se generen brotes de violencia».
Colombia, Brasil y México impulsan un acuerdo político en Venezuela que permita superar la crisis.
«Desesperados y sediciosos»
Machado -que denuncia una «campaña de terror» del gobierno- convocó para el jueves a una vigilia «por la libertad de los presos políticos». No está claro si asistirá.
Aunque acudió a una masiva concentración opositora el sábado pasado, se mantiene bajo resguardo al declarar temor por su vida.
González Urrutia no ha sido visto en público desde hace una semana.
La fiscalía abrió una investigación contra ambos por «instigación a la insurrección» y otros delitos como «conspiración», luego de que publicaran una carta abierta a militares y policías en la que defendían la victoria opositora en los comicios y pedían a los uniformados ponerse «al lado del pueblo».
La Fuerza Armada de Venezuela, en respuesta, reiteró este martes su «absoluta lealtad» a Maduro y calificó de «desesperados y sediciosos» esos pedidos de apoyo, según un comunicado que leyó más temprano el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
«Estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán», subrayó Padrino, acompañado del alto mando militar y policial.
La semana pasada, Maduro pidió cárcel para Machado y González Urrutia.
La Unión Europea, que ha cuestionado la victoria de Maduro al igual que Estados Unidos y países de América Latina, pidió el fin de lo que considera «campaña de intimidación judicial».
Además de las armas, los militares controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas y 12 de 34 ministerios, incluidas carteras importantes como Petróleo, Energía, Defensa, Relaciones Interiores y Comercio.
La oposición y expertos denuncian redes de corrupción que han enriquecido a muchos oficiales.
Certificación del resultado
El futuro de la elección reposa por ahora en la corte suprema, a la que Maduro pidió «certificar» el resultado.
El CNE no ha publicado el detalle del resultado de la elección del 28 de julio. Su web no funciona desde entonces y alega que su sistema fue jaqueado, lo que expertos desestiman.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) citó a candidatos y representantes de los partidos para consignar y «responder las preguntas» con relación a la causa. González Urrutia deberá acudir el miércoles y Maduro el viernes.
«La falta de comparecencia ante esta sala acarreará las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente», advirtió la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez.
Machado y González aseguran tener pruebas de la victoria opositora, tras publicar copias de más de 80% de las actas de votación.
La oposición considera al TSJ un «apéndice» del chavismo y académicos y dirigentes políticos consideran improcedente el caso.