El martes 18 de julio de 2017, un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público (@MPvenezolano) fue reproducido en decenas de titulares de medios digitales. Ese día, el órgano oficialmente encargado de conducir las investigaciones penales en el país -a menudo, con sesgo partidista- informó que los directivos de Constructora Conkor, Alejandro Josué Ruiz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, debían asistir a la Fiscalía el 25 de ese mes para rendir declaraciones en calidad de imputados, como parte de las investigaciones sobre presuntas contrataciones irregulares en la Faja Petrolífera del Orinoco, la cuenca de crudos pesados y extrapesados sobre la orilla norte del río-padre de Venezuela.
A partir de esa fecha, con la publicación de dos tuits que además incluían las imágenes de las órdenes de citación para los imputados del caso, el interés sobre Constructora Conkor se disparó. Por supuesto, el público quería y tenía el derecho -casi tanto como el morbo- de saber. Pero ese interés, que contrariaba la conveniencia para Ruiz y Koury de pasar inadvertidos mientras amainaba la tormenta mediática, encontraría dos obstáculos formidables para saciar su sed de información: uno, el entorno de censura que rodea a la prensa venezolana; y en segundo lugar, sobre todo, que los directivos de Conkor habían pagado 80.000 euros a Eliminalia, empresa española de gestión de reputación, para que les hiciera una limpieza de imagen en la web, suprimiendo las coberturas y menciones negativas.
Esta confirmación se deriva de la filtración de unos 50.000 documentos internos de Eliminalia recibidos por Forbidden Stories, un consorcio internacional de periodistas de investigación que siguen el trabajo de colegas asesinados o amenazados. El consorcio dirige el proyecto Story Killers, una investigación colaborativa sobre mercenarios de la desinformación en la que participan más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación del mundo, incluido Armando.info, así que pudo consultar la documentación filtrada.
Entre esos miles de documentos, procesados por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), uno de los socios del proyecto, se encuentran contratos parciales, correos electrónicos, documentos legales y nombres de al menos 1.500 clientes de 54 países, en los cinco continentes que requirieron los servicios de Eliminalia, bien sea para borrar su pasado o “enterrarlo” en los motores de búsqueda hasta un punto en que sea prácticamente imposible de conseguir. Constructora Conkor era uno de ellos.
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Al revisar el legajo queda claro que la persona de contacto entre la constructora y Eliminalia fue Elías Ramón Koury Guevara, director ejecutivo de la empresa. El contrato con la compañía española lo firmó en noviembre de 2018 y meses más tarde, en abril de 2019, hizo lo propio Ruiz Mazzeo, con otro documento. Éste último, además, aparece como contacto de otra empresa venezolana que también requirió sus servicios, que tiene a ambos como socios y que tuvo contratos con la faja: Petrovez.
El número de clientes venezolanos de Eliminalia que se pudieron rastrear a partir de la filtración asciende a 35 y todos aparecen en la lista de Venezuela. Desde Panamá, República Dominicana, España y Estados Unidos varios venezolanos contactaron a la empresa española, que tiene sedes en República Dominicana, Ecuador, Bolivia y México en el caso de América Latina, además de Estados Unidos, Italia, Suiza, Turquía y otros países. ¿El elemento común entre la mayoría de los venezolanos de la lista? Suelen aparecer implicados en alguna investigación sobre irregularidades y negociados en conexión con la petrolera estatal Pdvsa. Algunos pocos, que no tuvieron relación comercial conocida con Pdvsa, destacan en cambio por sus vínculos con otros casos sonados de corrupción, como los de Odebrecht, los alimentos vencidos de Pdval, los dólares preferenciales de Cadivi, contrataciones irregulares en el sector militar o por simplemente poseer lazos con altos jerarcas del chavismo que prefieren mantener ocultos. No se trata de una simple limpieza de reputación por una cuestión de honor. Eliminar esos rastros en Internet, al menos, relegarlos a la tercera página de resultados de búsqueda en Google, se traduce en la posibilidad de borrar pruebas incriminadoras para futuras investigaciones judiciales y periodísticas, o de salir ilesos ante cualquier chequeo de due diligence que lleven a cabo entidades bancarias para seguir haciendo negocios con los señalados.
Hay mucho en juego allí. Así que el negocio de Eliminalia ha continuado prosperando con clientes y prospectos dispuestos a pagar miles de euros por sus servicios. Aunque esta no es la primera investigación internacional que se publica sobre Eliminalia y sus tácticas, ni la primera en revelar algunos nombres de sus clientes, los documentos de la filtración ofrecen una visión más completa sobre sus operaciones y servicios, una lista más amplia de quienes les contrataron, y permite confirmar que en su cada vez más amplio repertorio de recursos figuraban la intimidación de medios y periodistas, con amenazas de acciones legales, o la generación de falsas solicitudes de derechos de autor a Google para activar los mecanismos previstos en la ley estadounidense DMCA, que protege a los propietarios intelectuales de contenidos en soportes electrónicos.
Los usos maliciosos de esos servicios rebasan por mucho a sus potenciales usos honestos. Por eso Eliminalia, que asegura en sus presentaciones que ayuda a eliminar “información no deseada o errónea” para clientes con “derecho al olvido”, a la postre atrajo una clientela a escala global que incluye a estafadores, empresas de software espía, torturadores, criminales convictos, políticos, empresarios corruptos y, en general, gente con reputaciones problemáticas. Venezolanos, entre ellos.
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Por PATRICIA MARCANO/ CARLOS CRESPO