La organización SOS Orinoco exigió al gobierno nacional que fije una fecha para que se realice una visita técnica de la Unesco en el Parque Nacional de Canaima, patrimonio mundial desde 1994.
La visita técnica sirve para comprobar el estado del parque nacional. Aunque en un principio estaba prevista para septiembre de 2022, fue anulada.
«Ya estamos a mediados de agosto y no han vuelto a poner la fecha. Hace un mes que el documento borrador que la Unesco va a aprobar en la reunión anual del Comité de Patrimonio Mundial en Riad (Arabia Saudita), que va a tener lugar en septiembre, dice que están a la espera de poner la fecha y pide (al gobierno de Venezuela) que con urgencia se dé la fecha de esa misión», señaló a DW Cristina Burelli, fundadora de la organización.
Burelli recordó que Canaima es el Patrimonio Mundial Natural más biodiverso del mundo. «Es muy conocido por el Salto Ángel, que es la caída de agua más alta del mundo, y por el tepuy Roraima, una montaña impactante», manifestó.
Canaima, que hace frontera con Brasil y Guyana y que cuenta con una superficie de más de 3 millones de hectáreas, está siendo amenazada. «Pensar que dentro de ese parque hay más de 1.500 hectáreas de minería es criminal. Eso no se ha detenido, va en auge», agregó Burelli.
«Lamentablemente esta Cumbre Amazónica no ha tenido ningún resultado para Venezuela porque el régimen está activamente implicado en el tipo de minería y deforestación que los grandes países preocupados por la Amazonía están tratando de evitar», indicó.
Destacó que el Arco Minero es un decreto de 2016 que abrió la minería a casi 112.000 kilómetros cuadrados.
«Hemos descubierto que esta política minera no se circunscribe a esta zona geográficamente delimitada como el Arco Minero, sino que aplica a toda la zona del sur de Venezuela, de manera pragmática, incluso áreas protegidas; esa es la gravedad del asunto. Se está cometiendo un ecocidio en la Amazonía venezolana», señaló.
SOS Orinoco alertó que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá están poniendo grandes sumas de dinero para proteger y defender la Amazonía, mientras que el Estado ampara y promueve la minería ilegal.
«Estamos diciendo que no le den el dinero al Estado venezolano, sino a la sociedad civil que sí puede utilizarlo para proyectos sostenibles que sean alternativos a la minería», puntualizó.
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