La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció este martes la persistencia de la minería ilegal en la región amazónica de Venezuela pese a los numerosos operativos militares de los últimos meses, según los cuales más de 11.300 personas fueron expulsadas de esta zona por dedicarse a la extracción ilícita de minerales.
La ONG aseguró en un boletín que en el parque nacional Yapacana, en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil), «todavía quedan áreas significativamente grandes en las que permanecen intactas» un número indeterminado de minas.
En ese parque, en el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha centrado sus esfuerzos desde el primero de julio, cuando el gobierno ordenó a los militares «limpiar» el territorio de la minería ilegal, la ONG ha detectado «3.316 hectáreas de minas ilegales».
«Miles de mineros continúan operando en Yapacana, ahora, según hemos conocido, bajo el control completo de las Fuerzas Armadas venezolanas, con algunos sectores donde las Fuerzas Armadas estarían permitiendo a los indígenas continuar con la minería ilegal», asegura la organización.
«El desalojo de mineros ilegales es insuficiente»
SOS Orinoco considera que la FANB, que -a través de las redes sociales- publica a diario avances en sus operativos militares en la Amazonía, busca «crear la ilusión de éxito mientras la minería persiste a través de medios alternativos».
«El desalojo de mineros ilegales es insuficiente. Se deben establecer responsabilidades administrativas y penales para todos los cómplices que permitieron esta situación por años, incluyendo la de autoridades civiles y militares que facilitaron este ecocidio y se enriquecieron a través de asociaciones con grupos armados», concluye el boletín.
El comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, indicó este martes que subió a 11.302 el total de mineros ilegales desalojados de la Amazonía.
El gobierno ha reiterado que una vez culminen estas expulsiones se pondrá en marcha un plan de reforestación, especialmente para mitigar los daños causados por el uso de mercurio en esos territorios.