Asamblea Nacional
Asamblea Nacional 2020 aprobó por unanimidad Ley para la Defensa de la Guayana Esequiba Foto: Federico Parra / AFP

En un desarrollo significativo en la lucha por los derechos humanos, líderes sindicales han instado a tomar medidas legales contra altos funcionarios venezolanos del gobierno interino por su presunta complicidad en violaciones de derechos humanos. Las acusaciones apuntan directamente a Gustavo Marcano, presidente de la Comisión de Administración y Protección de Activos (CAPA) de la Asamblea Nacional 2015, y a Dinorah Figuera, presidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Ambos son coincidencialmente destacados miembros de Primero Justicia aunque los sindicalistas niegan ninguna motivación política. Dicen estar evaluando las actuaciones de los restantes miembros del CAPA, militantes de los partidos UNT (Manuel Rosales), VP (Leopoldo López) y AD (Henry Ramos Allup). También se contempla incluir en las acusaciones al presidente ad hoc de Pdvsa, Horacio Medina, cuya gestión ha estado marcada por numerosas denuncias de negligencia en la atención a los reclamos que afectan directamente a los trabajadores del sector petrolero perseguidos y despedidos.

Acciones judiciales ante el Tribunal Internacional de La Haya

Juan Martínez, secretario general de Sintrasincoran-Fedepetrol, ha hecho un llamamiento a Iván Freites para que inicie acciones judiciales ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y, de ser necesario, ante el Tribunal Internacional de La Haya. Según Martínez, el silencio y la inacción de Marcano y Figuera han facilitado la continuación de prácticas laborales abusivas en Pdvsa y sus filiales, lo que constituye una clara violación de los derechos humanos de los trabajadores.

La denuncia se centra en la aparente negligencia de los mencionados funcionarios para atender las sistemáticas violaciones de derechos humanos y su negativa a valorar las reparaciones correspondientes. Martínez recalca que estas omisiones los hacen cómplices de dichas violaciones, un argumento que se apoya en el Estatuto de Roma, tratado del cual Venezuela es parte.

La situación en Venezuela ha atraído la atención internacional, con numerosos organismos y entidades de derechos humanos expresando preocupación por la erosión de los derechos laborales y civiles bajo el actual régimen y en este caso por la complicidad de quienes se suponía tenían la intención de actuar en favor de los venezolanos. Las acusaciones contra Marcano y Figuera, así como la posible inclusión del presidente ad hoc de Pdvsa en las denuncias, resaltan la urgencia de una respuesta legal que aborde la impunidad con la que operan ciertos sectores tanto del gobierno en el exilio (llamado interinato) como del gobierno de Nicolás Maduro en relación con los derechos humanos.

Este llamado a la justicia no solo busca reparaciones para los trabajadores afectados, sino también pretende restaurar la integridad de las instituciones venezolanas y asegurar que los derechos laborales sean respetados. La decisión de acudir al TSJ en el exilio y posiblemente al Tribunal de La Haya subraya la gravedad de la situación y la desconfianza en el sistema judicial interno de Venezuela para manejar estos casos con la imparcialidad necesaria.

Implicaciones significativas para otros funcionarios del gobierno

La comunidad internacional, incluyendo varias naciones y organizaciones globales, ha sido instada a prestar atención y apoyo a estos esfuerzos legales, que podrían establecer un precedente importante para el tratamiento de los derechos humanos en regímenes autoritarios. Además, estos procesos podrían tener implicaciones significativas para otros funcionarios del gobierno venezolano, indicando un posible cambio en cómo se abordan las violaciones de derechos humanos en el ámbito internacional.

En conclusión, la propuesta de acciones legales contra líderes venezolanos por parte de figuras sindicales resalta un momento crítico para Venezuela. Con la posibilidad de que estas acusaciones lleguen a tribunales internacionales, el mundo observa atentamente, esperando ver si se hará justicia para los trabajadores venezolanos y si se podrán sentar las bases para una reforma significativa en el país.


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