La presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) y docente venezolana, Gricelda Sánchez, denunció este lunes la persecución contra los maestros y líderes sindicales del gremio, así como el estado de abandono en el que se encuentran quienes ejercen esta profesión en el país.
«Los estudiantes siguen sin poder movilizarse para asistir a los centros educativos. 80% de las escuelas se encuentran sin servicios de agua y luz; con docentes mal pagados y con una alta migración a otras profesiones u oficios; con un sueldo de maestro nadie puede vivir en Venezuela”, apuntó Sánchez en un balance enviado por la organización.
Persecución
La docente se refirió también a la persecución que, aseguró, sufren los maestros venezolanos que alzan su voz para reclamar mejoras. Citó como ejemplo al profesor Robert Franco, quien lleva un año detenido. Está acusado de un supuesto complot para impedir la instalación del nuevo Parlamento, de mayoría chavista.
«Ahora, no solo condenan a los profesores a un salario de hambre, sino que también son perseguidos, torturados y encarcelados”, señaló la líder sindical.
Agregó que, a lo largo del año 2021, Fordisi ha levantado denuncias de docentes suspendidos y con sueldos caídos en los estados Táchira, Amazonas, Miranda, Portuguesa, Barinas, Trujillo y Caracas. Los maestros, dijo, han salido a protestar.
Además, denunció que el Ministerio de Educación incumple con las fechas de pago establecidas en la contratación colectiva. Dijo que los docentes venezolanos no cuentan con una póliza de salud que les permita mitigar los padecimientos en medio de la pandemia.
“Los docentes estamos desasistidos por parte del patrono. Un simple tratamiento para el covid-19, por ejemplo, puede superar los 100 dólares, mientras que una recarga de oxígeno oscila entre los 30 y 40 dólares. Cifras exorbitantes al ser comparadas con los 10 dólares que los docentes ganamos en un mes», aclaró Sánchez.
En Venezuela, las clases presenciales fueron suspendidas en marzo de 2020 y retornaron el pasado 25 de octubre, por orden del Ejecutivo.
Durante los 19 meses de cierre, los docentes y profesores mantuvieron las protestas por los bajos salarios; la incapacidad de dictar clases a distancia y las malas condiciones que, según denuncian, tienen los centros escolares.