«La sentencia contra El Nacional viola estándares elementales de libertad expresión». Con esas palabras Catalina Botero condenó la decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro que ordena el pago de 237.000 petros, aproximadamente 13.366.800 dólares, como indemnización por daño moral a Diosdado Cabello.
«En Venezuela condenaron civilmente a un medio por una publicación que ofendió a un poderoso funcionario. Su único propósito es expropiar al medio y terminar de asfixiar a la prensa venezolana», indicó.
Botero, en entrevista con El Nacional, señaló asimismo que la sentencia no solo viola las garantías de libertad de expresión, sino que además vulnera estándares universales del derecho constitucional que son acogidos por el sistema universal de protección de derechos humanos, además de hacer uso arbitrario y discriminatorio de la legislación civil.
Botero es una abogada colombiana que fue relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2008 y 2014. Especialista en derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y justicia transicional, hoy hace parte de la junta de supervisión (Oversight Board) de Facebook e Instagram.
Catalina Botero Marino, abogada, especialista en derecho constitucional y fue relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Universidad de los Andes, Colombia
Someter la libertad de expresión
Para Botero el ataque de Cabello contra El Nacional es otro método de sometimiento del régimen, en este caso contra la libertad de expresión en Venezuela: «Lo que ha hecho el régimen es asfixiar completamente la libertad de expresión. Cada vez que hay una denuncia contra ellos estos abren un proceso penal contra el periodista, el medio o los dueños de medios por parte de las instituciones que pueden sancionarlos. La libertad de expresión en la nación se viola abruptamente».
Consideró asimismo que el fallo, que se dio a conocer el pasado 16 de abril, denota persecución política, y advirtió que Cabello tiene la intención de perpetrar una expropiación. «Cabello exhibirá esa sentencia como si fuera un triunfo y demostrará el grado de arbitrariedad tan brutal al que ha llegado el régimen. La condena es expropiadora y es un mensaje cruel a los pocos medios que yacen en Venezuela. Es un acto totalmente obsceno de despotismo», dijo.
En este sentido, Botero manifestó que todas las instancias de derechos humanos y de protección de la libertad de prensa a nivel regional e internacional deben condenar esta brutal crueldad contra un medio de comunicación.
Aunque El Nacional está en un estado de indefensión, la experta en derecho constitucional precisó que el rotativo podrá iniciar un proceso ante la Organización de Naciones Unidas en el que «seguramente el fallo será a su favor y el día que vuelva la democracia a Venezuela podrá recuperar su patrimonio».
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El Nacional bajo el hostigamiento del chavismo
La lucha por la libertad de expresión en Venezuela, bajo un régimen que viola todos los estándares internacionales y nacionales, continúa siendo una batalla campal para los periodistas, medios y dueños de medios de comunicación venezolanos que no están con el proceso, dijo Botero.
Cerca de 80 medios de comunicación, entre esos El Nacional, publicaron la noticia del diario ABC de España en 2015, en la que se expuso los presuntos lazos de Cabello con el narcotráfico, según lo dicho por su exescolta.
«Ningún medio o periodista lo pueden sancionar cuando reporta lo que otro medio está publicando, aún cuando es una noticia», explicó Botero.
Entonces, «para que exista una limitación al derecho a la libertad de expresión un juez o cualquier autoridad estatal que quiere sancionar una publicación a un periodista o a un medio por una publicación de esa naturaleza tiene que superar lo que se denomina un test de proporcionalidad (test tripartito)» que, en el caso de El Nacional, indicó la experta, no se supera bajo ninguna circunstancia.