Seis sindicalistas venezolanos detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 fueron condenados este martes a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir, informaron ONG locales, que rechazan la condena y califican el hecho de «persecución política».
«Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir», dijo la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter.
La organización insistió en que estos seis sindicalistas son luchadores sociales, y que esta condena representa «el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela».
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) tildó de brutal la condena y aseguró, en la misma red social, que es una decisión «arbitraria», tomada en un proceso judicial donde «el único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses».
Sindicalistas exigían mejoras laborales
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló que los detenidos fueron condenados a pesar de su inocencia y que durante el juicio las únicas pruebas de las Fiscalía mostró se trató de capturas de pantalla y Twitter.
Las organizaciones recordaron que las detenciones ocurrieron después de que encabezaran protestas callejeras para exigir salarios dignos y otras mejoras laborales.
En junio, Eduardo Torres, uno de los abogados de los sindicalistas, dijo a Efe que la acusación representa «una aberración porque ellos están asociados para defender derechos, y los ampara no solo a Constitución y las leyes, sino también el convenio 87 de libertad sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)».
«Juez se vende a lo que el gobierno le dice»
El jurista difundió este martes un video en el que Yorbelis Oropeza, esposa de uno de los detenidos, subrayó que a los luchadores sociales los condenó injustamente una juez que se vende a lo que el gobierno le dice.
«Los venezolanos que creemos en la justicia, que creemos en la verdad, vamos a seguir luchando. Mi esposo y los trabajadores sociales resultaron castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida», expresó.