La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó el informe de una comisión de la ONU que este miércoles denunció crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, y sus recomendaciones para impedir que esos hechos queden impunes.
«La Secretaría General apoya y se hace eco de estas recomendaciones. Las mismas, así como los crímenes corroborados, son consistentes con lo contenido en el Informe de la Secretaría General de la OEA y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela del 30 de mayo de 2018», señala el organismo en un comunicado.
Manifiesta que un régimen que cometió crímenes de lesa humanidad no pueden organizar elecciones libres y justas en Venezuela.
«Es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas. Es también absurdo decir que aquellos que participan en las elecciones pueden llegar a ser considerados como oposición fragmentada, el colaboracionismo con la dictadura los hace parte de la dictadura, no de la oposición», expresa.
OEA pide celeridad
La Secretaria General de la OEA se refirió a las demoras para exigir la rendición de cuentas.
«En materia de derechos humanos, la celeridad de las actuaciones de los organismos abocados a su defensa es urgente. Es, literalmente, cuestión de vida o muerte», asegura.
El organismo destacó que las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos coinciden con las denuncias formuladas en 2018.
«Venezuela es actualmente un Estado fallido y fragmentado, tanto en su dimensión territorial como en la administrativa. La responsabilidad por esos crímenes se extiende a aquellos operadores y agentes extranjeros, especialmente cubanos que operan en Venezuela en tareas de represión, torturas e inteligencia como ha sido señalado por víctimas del régimen», detalla.
La Secretaría General de la OEA exige celeridad en los procesos de justicia para que se ejerza prisión sobre los responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas por motivos políticos, violencia ejercida contra manifestantes y la complicidad del Poder Judicial.
«No es tiempo de ambigüedad, es tiempo de justicia; no es tiempo de encontrar términos de convivencia con la dictadura venezolana, es tiempo de restablecer la democracia en el país», concluye.
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