Integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos presentaron su informe trimestral de julio a septiembre donde se evidencia un aumento en las detenciones arbitrarias en la región.
De acuerdo con su análisis se evidencian resultados muy graves, destacando decenas de violaciones a los Derechos Humanos. Estas han ocurrido en un espacio comprendido entre los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico y Apure. También afirmaron que la mayoría de las víctimas son pertenecientes a la sociedad civil.
Roland García, presidente de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), detalló que con este informe se busca visibilizar y denunciar ante instancias nacionales e internacionales los diferentes casos de violaciones.
Estas han ocurrido en el difícil contexto de la cuarentena en una región vulnerable. “Aquí evidenciamos patronos como acoso y persecución a activistas de derechos humanos, periodistas, defensores y demás miembros de la sociedad civil políticos y sociales. Se han cometido detenciones arbitrarias, trato cruel o tortura en los centros de reclusión, represión contra las manifestaciones pacíficas, apertura de procedimientos judiciales y desaparición forzada” indicó.
García señaló que han contabilizado entre julio y septiembre 67 detenciones arbitrarias, las cuales se desglosan en 38 en Barinas, 1 en Cojedes y 28 en Guárico. “Instamos al Estado venezolano que cese del hostigamiento, amenazas, allanamientos, y vigilancia permanente contra los defensores de Derechos Humanos durante la cuarentena”, dijo.
El director de la Red Justicia y Libertad, afirmó que en la región de los Llanos existe una violación sistemática al derecho a la protesta consagrado en el artículo 68 de la Constitución. “Debemos destacar en los casos acaecidos en el estado Guárico donde la represión por parte de los cuerpos de seguridad del estado ha sido brutal. Allí la ciudadanía sólo ha ejercido su legítimo derecho a la manifestación exigiendo servicios públicos dignos”, manifestó
El informe
Comentó, además, que el informe evidenció entre las violaciones más recurrentes en esta zona del país 28 casos de vulneración a la libertad personal; 38 de derecho a la protesta y un caso relacionado con ataques a la prensa. “Es importante señalar que según nuestros estudios 40% de la represión es ejecutada por la Guardia Nacional. Además de 30% Policía Nacional Bolivariana y el resto entre organismos policiales estadales y municipales”, explicó.
Concluyó que hay una evidente falta de independencia de los órganos encargados de administrar justicia en los llanos venezolanos. Centran su ataque contra quienes critican y adversan al Estado venezolano.
“Por esta razón exigimos al gobierno de Maduro y sus ramificaciones a nivel regional y municipal abstenerse de no obstaculizar la labor de los defensores de Derechos humanos en la región de los llanos. Asimismo, exigimos respetar el derecho a la libertad personal y que los ciudadanos que han sido procesados en el contexto de las manifestaciones pacífica se les otorgue libertad”, sentenció.