Los casos de violencia infantil han aumentado significativamente en el estado Táchira, en medio de la cuarentena social por la pandemia de coronavirus. Así lo reseñó el Diario La Nación, con base en información otorgada por las autoridades policiales y del Instituto Tachirense de la Mujer.
«El confinamiento preventivo, sumado al estrés social producido por la situación, ha alterado a muchos padres, que descargan la ira en los niños», señala.
Pero el maltrato infantil no se ha quedado en la descarga de la ira. También hay casos de depredación sexual.
Wilmer Uribe, comisario general de la delegación estatal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, dijo que en la última semana se presentaron dos casos graves.
En uno de ellos, están involucrados dos niños y una niña, de 2, 3, y 5 años de edad, respectivamente. Presuntamente su padrastro abusó sexualmente de ellos mientras la madre trabajaba en Colombia.
La segunda investigación corresponde a la presunta golpiza y violación de un bebé de 18 meses mientras se encontraba con su madre y el padrastro. Ambos sujetos fueron detenidos.
Desde enero, el cuerpo policial ha abierto más de 30 investigaciones por violencia infantil.
«Los abusos hacia niños y niñas en edades comprendidas entre 1 a 5 años por parte de padrastros, abuelastros y otros miembros cercanos a su entorno familiar se han intensificado en los últimos meses en la región», dijo Uribe.
Confinamiento
El Intamujer abrió sus redes sociales el 10 de abril para que los ciudadanos formulen sus denuncias durante el confinamiento preventivo.
En solo 8 días el instituto recibió 60 denuncias, de las cuales 17 corresponden a posibles casos de violencia infantil.
El grupo de profesionales que forma parte de Intamujer indicó que debido a las altas cifras de violencia decidieron investigar de dónde provenían y cuál era la situación de las familias en las que se originaban esas acciones violentas
Beatriz Mora, presidenta de la institución, afirmó que las investigaciones determinaron que las familias involucradas provienen en su mayoría del centro del país.
«Las familias con perfiles de violencia se desplazan a la región como parte de la crisis migratoria. Se instalan en improvisados ranchos, habitaciones alquiladas o galpones, que convierten en viviendas múltiples. Allí conviven 10, 20 y hasta 30 personas, incluyendo niños y adolescentes en hacinamiento y condiciones sanitarias inadecuadas», dijo.