La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que fue nombrado por la Asamblea Nacional electa en 2015, declaró su competencia para conocer y hacerse cargo de un recurso de amparo interpuesto contra la decisión de eliminar el gobierno interino de Juan Guaidó.
La Sala Constitucional del TSJ explicó que el 2 de febrero le fue remitida una acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Luis Tabata y Silvino José Bustillos como representantes de la llamada Asamblea Nacional de los Trabajadores. Esta organización la conforman los ciudadanos Iván Freites, Juan Manuel Martinez, Bladimir Carvajal, Ramon Urbina, Neomar Castillo, José Gregorio Villasana, Douglas Rodríguez, Degrain José Marichales, Mario de Nigris, Yarudid Elenia González, Fernando Enrique Orozco Cassiani y Hugo Valera.
Recurso de amparo contra la decisión que eliminó el gobierno interino
El documento del TSJ en el exilio señala que los ciudadanos mencionados se consideran afectados por el acto legislativo de la Asamblea Nacional de 2015, mediante el cual sancionó y promulgó la Ley de Reforma del Estatuto de la Transición a la Democracia, de fecha 30 de diciembre de 2022, «el cual puso fin al gobierno interino que presidia el ciudadano, diputado Juan Guaidó Márquez, y nombró una Comisión Parlamentaria, a los fines de que ejerciera las funciones del presidente interino, formándose un gobierno parlamentario».
«El día 2 de febrero de 2023, se dio cuenta en la Sala Constitucional y se designó como ponente a la magistrada Elenis Del Valle Rodríguez Martínez», señala el texto.
Al respecto, el órgano decidió que «la Sala Constitucional es la competente para conocer de este recurso interpuesto, al ser la máxima protectora de la Constitución y ser la garante de la supremacía, control y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con los artículos 334 y 335 Constitucional y el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo; por lo cual, esta Sala Constitucional se declara competente para conocer de la presentada acción de amparo constitucional, la admite y así se decide».
En consecuencia, la Sala Constitucional fijará una audiencia oral y pública de la que se notificará a la actual junta directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015, integrada por la presidenta, Dinorah Figuera, y las primera y segunda vicepresidentas, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, respectivamente.
«Una vez notificados, se fijará la audiencia oral y pública para que en forma breve y sumaria se resuelva lo planteado, obviándose períodos o lapsos de pruebas por cuanto la discusión es de pleno derecho», indica el texto.
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