Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, dijo este lunes que hubo uso desproporcionado de la fuerza en el procedimiento policial en el que ultimaron a Wilmer Yánez, escolta de Iris Varela, ministra de Servicio Penitenciario.
Funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana irrumpieron el 11 de junio en horas de la madrugada en las viviendas de cinco ciudadanos en el barrio El Limón, en la carretera vieja Caracas-La Guaira.
Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez estaban durmiendo en ese momento, dijo Saab en rueda de prensa. Los uniformados los sacaron a la calle y luego los llevaron hacia un sector boscoso de la barriada, donde los mataron.
Vecinos de la zona incluso presenciaron lo ocurrido.
El fiscal del régimen señaló que durante las investigaciones se encontraron inconsistencias en las actas policiales, que informaban sobre un presunto enfrentamiento.
Indicó que los funcionarios Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus y Antony Castellar están siendo presentados por la presunta comisión de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
«Desde nuestra llegada al Ministerio Público, el 5 de agosto de 2017, hemos presentado imputación contra 540 funcionarios de cuerpos de seguridad, así como contra 30 particulares como presuntos responsables de vulneración de los derechos humanos», expresó.
Iris Varela sobre el asesinato de su escolta
Iris Varela condenó el 13 de junio el asesinato de los cinco ciudadanos, incluido su escolta Wilmer Yánez.
«En medio del dolor e indignación que sentimos por el vil asesinato de cinco personas, entre ellas nuestro amigo Wilmer Yánez, reconocemos la labor oportuna del Ministerio Público canalizando la justicia necesaria para que la actuación aberrante de esos funcionarios no quede impune«, dijo en Twitter.
Aseguró que la llamada revolución bolivariana siempre ha protegido y garantizado los derechos humanos. «Por ello aplicaremos todo el peso de la ley para todo aquel funcionario que pretenda reproducir actuaciones criminales del pasado», agregó.