Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, aprovechó este jueves su primer discurso ante el Parlamento chavista para acusar a su predecesora, Luisa Ortega Díaz, de supuestamente convertir el Ministerio Público en «un cartel trasnacional estructurado para delinquir».
«En 2017 recibimos una institución en ruinas. Un cartel trasnacional totalmente estructurado para delinquir. Desde la anterior fiscal general hasta el último fiscal provisorio. Todos ganados al delito, a la extorsión y desviar el camino de la justicia», dijo el funcionario desde el Hemiciclo de Sesiones de la Asamblea Nacional.
Desde que Saab entró al Ministerio Público se había negado a presentar el balance anual de gestión ante el Poder Legislativo porque, afirmó, estaba en desacato. Recurrió entonces a hablar ante la extinta asamblea nacional constituyente, que lo designó en el cargo y que destituyó a Ortega Díaz.
«Casi tres años y medio después, el Ministerio Público es una institución garante y promotora de la justicia, casi en medio de guerra civil, con heridos, lisiados y hogares destruidos por la ambición de unos pocos por tomar el poder», expresó.
«La lamentable saliente Asamblea Nacional, con su acción antidemocrática, cerró espacios para el diálogo y encuentro público», agregó.
Saab acusó además a Ortega Díaz de permitir la quema de ciudadanos y la muerte de funcionarios de seguridad de Estado durante las protestas que se desarrollaron en el país desde abril de 2017 en rechazo a la crisis generada por el chavismo.
«Se pretendió institucionalizar la impunidad», afirmó.
Terrorismo
El fiscal expuso asimismo el supuesto intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018 en contra de Maduro y varios altos funcionarios de la cúpula chavista. Mencionó también seis acciones armadas y conspiraciones que han tenido como objetivo «asesinar o derrocar» a las autoridades del régimen.
«Junto a los cuerpos de inteligencia, el Ministerio Público ha tenido una actuación clave para la identificación, el procesamiento y, en algunos casos, la condena de los implicados en estas acciones que han buscado sembrar el caos y regar de sangre el país», dijo.
El funcionario expuso el intento de incursión marítima conocido como la Operación Gedeón, en la que se identificó la presunta participación de 114 personas y se solicitó la detención.
«Se logró la captura de 85 implicados, a quienes luego de la imputación formal ante el órgano judicial se les presentó el respectivo escrito de acusación. De este total de acusados, 54 se acogieron al procedimiento especial de admisión de hechos y 17 se acogieron al procedimiento de delación».
Aseguró que esos ciudadanos aprehendidos revelaron la participación de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. «Recordemos que dos de los procesados eran mercenarios estadounidenses que admitieron su participación en los hechos».
Derechos humanos
Saab aseguró ante la plenaria que el tema de los derechos humanos en Venezuela se ha usado como excusa para atacar al régimen de Maduro y lograr sanciones en su contra por los crímenes que se han cometido en el país.
«Entre 2017 y 2020 imputamos a 677 funcionarios de seguridad del Estado y 39 civiles por presuntas violaciones a los derechos humanos. Fueron aprehendidos por estos delitos un total de 519 funcionarios de distintos organismos y 29 particulares», señaló.
En este periodo, continuó el funcionario, acusaron a 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio y otros delitos.
Puntualizó que lograron condenatorias contra 171 funcionarios de seguridad del Estado y 13 civiles. «Son cifras que hablan de un esfuerzo sostenido, que busca dar ejemplo e inhibir a cualquier funcionario de abusar y atentar contra la integridad o la vida de los ciudadanos», afirmó.
El exdefensor del Pueblo resaltó la importancia de crear una mesa interinstitucional para abordar el retardo procesal, una exigencia que había planteado en 2016 cuando estaba al frente de esa institución.
Dijo además que es necesaria la construcción de nuevos centros de detención preventiva y centro de reclusión, con atención permanente del Ministerio de Salud y el Ministerio para los Servicios Penitenciarios.
Corrupción
El fiscal general indicó que el Ministerio Público reveló más de 28 tramas de corrupción en la industria petrolera. «Se trata de graves hechos de corrupción que le han costado a la nación miles de millones de dólares«, dijo.
«Ha sido posible individualizar la participación de 194 personas en estas tramas, de las cuales han sido judicializadas 103. Todos ellas pertenecientes a la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela y sus filiales», enfatizó.
Saab señaló que se realizaron un total de 39.089 actuaciones, como producto de las investigaciones adelantadas para sancionar actos de corrupción, lográndose 11.719 imputaciones y 3.565 acusaciones.
Durante 2020, reveló, alcanzaron la cifra máxima de 802 personas condenadas, para lograr un total de 2.274 condenados desde agosto de 2017.
Manifestó que se iniciaron investigaciones en contra de 232 funcionarios del Ministerio Público, a quienes procesaron por actuaciones irregulares y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
«Por estos casos se imputaron 132 funcionarios, de los cuales 11 se encuentran con medida preventiva. Igualmente se encuentran pendientes por materializar 23 órdenes de aprehensión, 20 funcionarios ya han sido condenados».
Narcotráfico
El fiscal general del régimen dijo que ha mantenido una lucha contra redes de narcotráfico que utilizan a Venezuela como puente para el tránsito de cocaína y marihuana. Aseguró que estas sustancias son producidas en Colombia y vendidas principalmente en Estados Unidos y Europa.
«A Venezuela le ha tocado como vecino un narcoestado, primer productor de cocaína del mundo, que además se ha constituido en un centro de conspiración contra nuestra democracia. No es coincidencia que ambas cuestiones estén vinculadas. Las mafias del narcotráfico colombiano están directamente involucradas en el financiamiento y protección de grupos terroristas que pretenden atacar a Venezuela», manifestó.
Saab puntualizó que desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2020 se presentaron 15.431 acusaciones y condenaron a 5.930 personas por tráfico de drogas en sus distintas modalidades. En este periodo, agregó, las autoridades policiales y militares incautaron 40,6 toneladas de marihuana y 93,9 toneladas de cocaína.
Otros delitos
El funcionario expuso que se presentaron 8.618 acusaciones y condenaron a 5.963 personas por presuntamente estar vinculadas a redes de legitimación de capitales y delitos financieros.
Mientras que, contra la extorsión y el secuestro, se presentaron 2.781 acusaciones y condenaron a 333 involucrados.
Sobre los delitos comunes, continuó el fiscal, se registraron 786.105 casos, se realizaron 1.092.817 actuaciones y se presentaron 111.969 acusaciones. En este período se han recuperado además 16.693 vehículos y se han entregado 34.647.
Violencia contra la mujer y menores
«Llamamos a las mujeres a no tener miedo y denunciar cualquier agresión o maltrato que ponga en riesgo su integridad física y psicológica», manifestó Saab.
Aseguró que desde que llegó al Ministerio Público se realizaron 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se presentaron 12.508 acusaciones.
«En Venezuela no puede existir la cultura machista de apartar y diezmar a la mujer por vía de la violencia. Eso está vetado y quien lo haga tendrá encima todo el peso de la ley. Durante la actual gestión, además, el Ministerio Público ha conocido 610 casos de femicidio, de los cuales más de 50% ha recibido acto conclusivo», señaló.
Maltrato animal
El fiscal general del régimen expresó que se amplió la competencia de la Fiscalía 89ª Nacional de Defensa Ambiental para que conociera de forma especializada en fauna doméstica. Desde entonces, subrayó, se abrieron 93 causas y fueron aprehendidas 85 personas.
«También impulsamos, a través de la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, la propuesta de reforma a la Ley Penal del Ambiente; se determinó que las sanciones tipificadas en ella no son acordes al perjuicio producido», manifestó.
«Sin embargo, los cambios propuestos han sido de tal magnitud que hemos optado por presentar, como lo hice ante la Comisión de Política Interior, un proyecto completamente nuevo de Ley para la Defensa del Ambiente y Contra el Maltrato Animal», añadió.
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