Tarek William Saab, fiscal general de la República, anunció este viernes la revisión de las medidas judiciales dictadas a 225 de los detenidos por organismos de seguridad del Estado en las protestas poselectorales.
Saab leyó en rueda de prensa un comunicado de la Fiscalía en el que señalan que, basados en nuevos indicios y elementos probatorios, han realizado una profunda revisión de los casos relacionados con acciones ocurridas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«Considerando que Venezuela se erige sobre valores superiores como la vida, la justicia y los derechos humanos, así como el debido proceso consagrado en el articulo 49 de la carta magna, destacando el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el juzgamiento por jueces naturales, se han solicitado 225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos», leyó el funcionario.
«Esta acción tiene como objetivo la reunificación familiar, lo que consolida el compromiso por los derechos humanos», dijo.
Saab se reunió con familiares de los detenidos en protestas poselectorales
El fiscal general señaló que el martes y el miércoles se hicieron reuniones con familiares de los detenidos durante las protestas poselectorales para escuchar sus denuncias.
Tras esas reuniones, el Ministerio de Público se comprometió a agilizar los procesos de los detenidos en las protestas poselectorales.
«El fiscal general nos atendió el día de hoy. (Dijo) que comenzaba la celebración de procesos, que venían cosas buenas para los muchachos, que los inocentes van a salir y van a buscar la realidad de todo esto», declaró ante periodistas Theany Urbina, madre de uno de los 69 adolescentes detenidos en el contexto de la crisis poselectoral.
Saab también indicó que han mantenido encuentros en todo el país con familiares de quienes fallecieron en las manifestaciones.
Aseguró que este proceso es «atribuible única y exclusivamente al Estado venezolano».
«No tienen ninguna moral ni atribución jurídica ni cualidad de ningún tipo ONG alguna. Aclaro para que, luego de que el Ministerio Público y los órganos competentes realizamos esta tarea, vengan ellos ahora para recibir y seguir recibiendo dinero a decir que tuvieron algo que ver con esta acción, que es atribuible única y exclusivamente al Estado venezolano», opinó.
Y añadió: «Vamos a seguir revisando, vamos a seguir mirando los casos a los que haya lugar, porque por eso Venezuela es reconocida como un sistema que protege los derechos humanos».
No obstante, el funcionario reiteró que quien «haya sido responsable de las acciones criminales sujetas a una vinculación como participante directo de las mismas será castigado».