Con la crisis mundial que desató el crack inmobiliario en 2008, el control de divisas que impuso el gobierno de Chávez desde febrero de 2003 se hizo más rígido y lento. Con más pasos burocráticos, más carpetas, más etiquetas, más formalidades y colas interminables en las oficinas de Cadivi. Con la Ley Contra Ilícitos Cambiario se pretendía frenar la salida de capitales, pero las empresas de maletín dedicadas la importaciones de productos básicos crecían como hongos. Diariamente salía un carguero con 170.000 barriles de petróleo rumbo a Cuba, que entraba en el mercado spot por cuenta y ganancia de La Habana.
El PIB oficial crecía 4,8% y para “facilitar el comercio” se llevó a cabo la reconversión monetaria. Le quitaron tres ceros al bolívar y lo devaluaron debajo de la mesa, pero la inflación no se frenó ni con los motores productivos imaginarios de Maduro. En su régimen alcanzó sin esfuerzo una cifra tope en la historia de las finanzas: 1.698.488%. Más de millón y medio por ciento.
En 2008, Chávez le exigió a la Asamblea Nacional, que presidía Cilia Flores, que se le otorgaran poderes especiales otra vez mediante una Ley Habilitante. No hubo negativa y las expropiaciones llegaron a su clímax. Nacionalizó las cementeras Lafarge, de Francia, Holcim, de Suiza, y Cemex de México. Igualmente, renacionalizó la metalúrgica Sidor, que estaba en manos de un consorcio ítalo-argentino, que por primera vez daba ganancias.
La expropiación de fincas con la excusa de luchar contra el latifundio destruyó la industria ganadera, quebró a los productores de arroz y acabó con las haciendas de caña de azúcar y con los centrales azucareros. El sector financiero no quedó fuera de su mirilla. Después de muchas presiones y amenazas, “compró” el Banco de Venezuela, del Grupo Santander de España, metió presos a varios banqueros y corredores. En un arranque imperial expropió, antes de que se abriera al público el Centro Comercial Sambil de Candelaria. “Yo no puedo permitir ese monstruo”, dijo.
El frenesí de Chávez
En su frenesí por garantizar la “soberanía alimentaria”, Chávez nacionalizó la empresa Lácteos Los Andes y cuanta empresa relacionada con la producción y comercialización de comida se le atravesara. Con el mismo poco éxito y con inversión excedentaria estableció una fábrica de helados con la marca Copelia, en el estado Lara, que cerró porque no consiguieron un proveedor de manteca de cochino. Con los hatos ganaderos fue particularmente quisquilloso. El hato El Frío, que tenía más de 300.000 cabeza de ganado, hoy no tiene ni un becerro y la población de chigüires y caimanes casi ha desparecido. Ahí concretó su odio contra el general José Antonio Páez. Le quitó el techo al salón donde el héroe de la Independencia guindaba su hamaca y cantaba con su cuatro.
A pesar de que el escándalo de Pudreval –la compra de más de 110.000 millones de dólares en alimentos en mal estado– medró su “popularidad”, Chávez mantenía su actitud de emperador. Se sentía su goce y disfrute cuando pronunciaba la palabra “exprópiese” y soltaba una media sonrisa. Se apropió de empresas petroleras y también de campos mineros como Las Cristinas, la mayor reserva de oro de Venezuela, que le había entregado en concesión a la empresa canadiense Crystallex.
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Leyes de control social y represión
Mientras, en los centros académicos y de pensamiento político alrededor del mundo se le idolatraba como un auténtico buen salvaje. Todavía hoy académicos despistados y somnolientos repiten que Chávez lideró una grande y provechosa inversión social. Se fundamentan en las cifras oficiales, ignoran que en revolución “el papel lo aguanta todo”. Esos logros solo estaban en la cabeza de los publicistas, los que más se beneficiaron de ese sofocón populista, después de los cubanos que cobraban como actores secundarios, como protagonistas y dueños del circo.
En 2008, decretó una Ley de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, que fue llamada popularmente Ley Sapo. Se pretendía obligar a la ciudadanía a actuar en ámbitos similares a los de Comités de Defensa de la Revolución. Todo vecino estaba obligado a cumplir tareas de inteligencia y delación si se lo solicitaban las autoridades. Si se negaban, serían castigados con prisión.
Para garantizar el éxito de los candidatos oficialistas en las elecciones regionales de 2008, la Contraloría General de la República entregó al Poder Electoral una lista de 272 opositores que inhabilitó para ejercer cargos de elección popular. Unilateralmente, sin la parte contrafactual y sin derecho a la defensa, los señalaba como responsables de irregularidades en la administración de bienes públicos. La medida sacó del juego a Leopoldo López, Enrique Mendoza y otros líderes con buena aceptación en el electorado. Obvio, el mapa de Venezuela quedó prácticamente teñido de rojo con la ayuda del CNE y los presupuestos de todas las dependencias públicas. El chavismo se impuso en 17 estados.
Hugo Chávez toma juramento de Ramón Rodríguez Chacín, el nuevo ministro del Interior y Justicia, en el Palacio de Gobierno, en Caracas, el 31 de enero de 2002. Foto: JUAN BARRETO / AFP
Rodríguez Chacín, el Pollo Carvajal y Rangel Silva los primeros sancionados de la OFAC
Desde mucho ante de asumir el poder en 1999, Chávez mantenía vínculos y alianzas con los grupos irregulares de Colombia. La cooperación con el narcotráfico comenzó temprano, pero en 2002 abundan las denuncias y evidencias de relaciones non sanctas con las FARC y el ELN, así como con grupos internacionales señalados como terroristas, narcotraficantes y blanqueo de bienes.
Siendo todavía presidente electo, Hugo Chávez, designó a Ramón Rodríguez Chacín para que contactara las FARC y demás grupos irregulares que operaban en la frontera colombo-venezolana. Se dedicaban al secuestro de hacendados venezolanos y de sus familiares, al robo de vehículos todo terreno, incluidos camiones, y motocicletas de alta cilindrada, además de avionetas.
La razón pública y oficial del acercamiento era simple, y ansiada por los habitantes de ambos lados de la frontera, bajar los niveles de violencia. La actividad de capitán de navío que participó en la masacre de El Amparo fue rápida y muy productiva. Rodríguez Chacín entregó pasaportes y documentos a guerrilleros, también recursos económicos y armas. Propició el trabajo conjunto en territorio venezolano para captar jóvenes de izquierda. La tarea más importante era darle santuario y atención médica a los irregulares que huían “en caliente” del territorio colombiano.
Maletas llenas de dólares listos para lavar
Entre 2002-2003 se descubrió que el comisionado de las buenas relaciones con la guerrilla había usurpado la identidad de un campesino venezolano para abrir cuentas bancarias y manejar recursos públicos. El mal olor se seguía expandiendo y no se trataba de simples rumores. En 2004, el ministro de Energía y Minas, Álvaro Silva Calderón, aparece involucrado con altos personeros del chavismo. Siendo un político con una imagen intachable y muy respetado, tenía una empresa que hacía negocios muy lucrativos con Petróleos de Venezuela, la empresa que tenía que controlar como ministro.
El 4 de agosto de 2007 explotó el escándalo de la maleta de Antonini Wilson, a quien le decomisaron 790.550 dólares al llegar a Buenos Aires en un vuelo que contrató Pdvsa. Pero la comunidad internacional no se dio por enterada, mucho menos los medios progresistas como The Nation o The Guardian, pero sobre todo el prestigioso New York Times y el Washington Post, las publicaciones que manejaban Ramonet y sus compinche consideraban que Venezuela se había transformado en un paraíso.
Estrellas de Hollywood desfilaban en Miraflores para fotografiarse y pasar unos días en La Orchila. Desde Sean Penn, hasta Noemí Campbel, pocos se iban con las manos vacías. Dany Glove,r más avispado, se llevó 30 millones de dólares para hacer una película contra el racismo. A los 5 años volvió por otros 15 millones, pero 10 años después no hay un solo fotograma. Lo de Oliver Stone es otra película de larga duración y costes exorbitantes.
Tan firme como el destino del Titanic
Para 2008, Venezuela había vivido 10 convulsos años con Chávez en el poder. Muertes, deslave de Vargas, inflación, presos políticos, militares presos, huelgas, marchas diarias y multitudinarias, derrocamiento relámpago y regreso con crucifijo, periodistas perseguidos, medios atacados y cerrados, empresas quebradas, corrupción extendida, saqueos, espionaje, leyes contra la libertad, relaciones con la guerrilla colombiana y grupos irregulares a escala mundial. Una década de verdadero horror que no quitó el sueño a la comunidad internacional.
Mientras que en América Latina, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cobró con creces los 10 años en el puesto y otros malos ratos. No le importó que Chávez le dijera que era un pendejo de la A hasta la Z, entre otros insultos de gran calado. La mayoría de los gobiernos se escudaban en la libre autodeterminación de los pueblos y en la red de sobornos a candidatos presidenciales y funcionario que montó Lula con Odebrecht.
Una foto publicada por la Oficina de Prensa Presidencial de Venezuela muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro y al mayor general retirado venezolano Hugo Carvajal en Caracas el 27 de julio de 2014. Foto: PRESIDENCIA / AFP
Primeros sancionados individuales
Estados Unidos esperó hasta 2008 para plantarle cara a la particular manera de gobernar de Chávez. Hasta entonces se hacía el sordo a las palabrotas y el ciego ante los atropellos a los derechos humanos y al sistema democrático. Claramente, el chavismo había acabado con las instituciones y perpetrado varios golpes netos constitucionales contra el sistema político. Desapareció la separación de poderes, y la justicia estaba totalmente subordinada al Ejecutivo cuando el Departamento del Tesoro, todavía dudándolo, impuso más sanciones individuales.
La intención, simplemente, era evitar que el narcotráfico utilizara el sistema económico y financiero de Estados Unidos. No romper los vínculos y negocios con las FARC, como en 2006. Las de 2011 pretendían frenar el lavado de dinero del grupo terrorista Hezbolá. Solo las de 2015 se refieren al gran deterioro de la democracia y las recurrentes violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero solo sancionan a funcionarios, a individualidades. No las actividades comerciales y financieras del Estado.
Los primeros sancionados fueron Hugo Carvajal, el Pollo, que ocupó la jefatura de la Disip y de la Dirección de Inteligencia Militar; el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, ministro de Interior y Justicia, y Henry Rangel Silva, que fue ministro de la Defensa, director de la Disip y gobernador de Trujillo. Los tres participaron activamente en la relación con la guerrilla y en mantener los vínculos con movimientos subversivos internacionales que Estados Unidos considera terroristas.
El 12 de septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro les anuló la visa y les congeló los bienes y recursos que tuvieran en territorio bajo soberanía estadounidense. Asimismo, prohibió que ciudadanos y empresas radicadas en Estados Unidos realizaran negocios ellos.
En ese momento Carvajal era el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar; Rangel Silva dirigía la Disip, extinta policía política que fue sustituida por el Sebin, y Rodríguez Chacín ocupó la cartera del Interior y de Justicia hasta unos días antes. Los tres eran de extrema confianza de Chávez, pero solo Rodríguez Chacín tenía exposición pública. Los otros se movían tras bastidores.
Foto publicada por la oficina de prensa de la presidencia venezolana que muestra a Hugo Chávez hablando con el ministro de Defensa venezolano, general Henry Rangel Silva, y el ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Nicolás Maduro, durante una visita al Ministerio de Defensa en Caracas el 13 de junio de 2012. Foto: PRESIDENCIA/ AFP
Compañero de promoción de Chávez y amigo de las FARC
Rangel Silva fue uno de los hombres más cercanos a Chávez desde su paso por la Academia Militar. Se graduaron en la misma promoción, estuvieron juntos en la asonada militar del 4 febrero de 1992. Cuando Chávez asume la Presidencia fue su edecán y director del Despacho de la Presidencia.
Siendo coronel estuvo a cargo del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi). En 2005 fue nombrado director de la Disip y luego ascendió a general de brigada; dos meses antes de las sanciones ya era general de división.
De sus operaciones clandestinas, la más famosa fue el acercamiento por cuenta propia que en marzo de 2005 tuvo con Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko –que tenía un cargo medio en las FARC– para mediar en el descongelamiento de las relaciones entre el grupo guerrillero y los personeros del poder en Caracas.
Aunque desde inicio del régimen de Chávez hubo apoyo y cercanía con las FARC, entre 2003 y 2004 colombianos en armas presumían un alejamiento de su gran aliado. El respaldo, a pesar de que se mantenía, no llenaban sus expectativas. Esas diferencias se conocieron siete años después, a través de lo que se encontró en las computadoras de alias Raúl Reyes, número dos de las FARC, que fueron obtenidos al bombardear su campamento y darle de baja.
Rangel Silva era coronel cuando participó en la cita clandestina. Se fijó luego de un enfrentamiento entre las FARC y el Ejército venezolano que dejó cinco soldados muertos y un civil. Siendo general y director de la Disip, volvió a reunirse con Timochenko. Contaba con la autorización de Chávez, según los correos que intercambiaron los guerrilleros. Llevó un mensaje de tranquilidad y los acuerdos del jefe del Estado con los mandatarios de países vecinos. “Los acuerdos que habían difundido en la lucha contra la violencia guerrillera y el narcotráfico ninguno lo iba a cumplir y todos lo habían aceptado”, se lee en los correos de la laptop de Reyes.
Rangel Silva se convirtió en gran amigo de “Timo”, como lo llamaba, y fue teniendo más cercanía con el alto mando de las FARC. Su siguiente encuentro fue con el canciller del Secretariado de las FARC, alias Iván Márquez.
En 2007 se celebró en el Palacio de Miraflores un encuentro formal y público de Chávez, Iván Márquez y Rodrigo Granda. Rangel estuvo presente y les comunicó a los líderes de las FARC su interés de hacerle una nueva visita al amigo Timochenko. A Rangel Silva se le vinculó con Guido Antonini Wilson y la maleta con 740.000 dólares que le decomisaron en el aeropuerto de Buenos Aires.
Cuando el Departamento del Tesoro sancionó a Rangel Silva las agencias de inteligencia estadounidenses tenían suficiente información relacionada con sus estrechos lazos y operaciones con las FARC. La prensa internacional publicó que era uno de los hombres del chavismo que suministraba armas y documentos de identidad venezolanos a los guerrilleros colombianos y los ayudaba a traficar cocaína. Chávez lo respaldó de manera incondicional. Tanto que en 2010, cuando Rangel Silva era jefe del Comando Estratégico Operacional y le declaró a un diario local que los militares estaban «casados» con el proyecto socialista de Chávez y sugirió que los militares podrían desconocer un eventual triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de 2012, Chávez lo promovió al más alto grado militar y reiteró lo dicho por el militar: “Más nunca la oposición volverá a gobernar Venezuela, con Chávez o sin Chávez».
Sancionados por ayuda material en actividades a narcoterroristas
En 2008, el historial recopilado sobre el general Hugo Carvajal, el Pollo, era bastante voluminoso, aunque era el menos visible de los tres “sancionados” por la OFAC. Durante años fue una pieza clave en la relación con las FARC. Su paso en el año 2000 por la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) transformó la geopolítica y doctrina de la institución. De un órgano apegado al sistema democrático, respetuoso de los derechos humanos y garante de la libertad ciudadana, pasó a ser un órgano propulsor de doctrinas marxistas-comunistas señaladas desde Cuba y con técnicas similares a los cuerpos de inteligencia soviéticos. La Dgcim devino en un activo centro de espionaje y contraespionaje del sector militar y del mundo civil.
Carvajal se desempeñó primero como director de Investigaciones y en 2003 ascendió a subdirector. Al año siguiente era el director de la Dgcim. Ocupó 11 años el cargo. En esa época alias Andrés París, delegado de las FARC en el país, portaba una cédula venezolana a nombre de Juan Rodríguez y se movilizaba sin trabas por todo el territorio nacional y viajaba al exterior. También en las instalaciones militares fueron infiltrados cubanos de delegaciones especiales que colaboraban en programas con la cobertura de asistencia social. Esa presencia en los cuarteles les permitió identificar y vigilar a los oficiales sospechosos de no ser leales al chavismo, especialmente después de 2002.
Como un Fouché criollo, Carvajal abría investigaciones y levantaba expedientes para cacerías de brujas injustificadas para mostrar a su jefe Chávez la importancia de que él estuviese al frente del organismo. Instauró el terror en las filas castrenses. Infiltró agentes de inteligencia en grupo de militares democráticos y constitucionalistas que advertían que el régimen de Hugo Chávez se estaba transformando en una neodictadura y demolía la institución militar.
Los pecadillos que siguen escondidos en la presillas del general
Agencias de inteligencia desde antes de las sanciones venían haciendo señalamientos graves sobre el escurridizo general. Una lo involucra en la tortura y asesinato de dos miembros del Ejército colombiano que intentaron capturar a guerrilleros que se resguardaban en Venezuela.
Del mismo modo, investigaciones de inteligencia lo señalan de alertar a narcotraficantes para que evadieran operaciones antidrogas y protegieran los cargamentos de las FARC. También de entregar documentación y credenciales de instituciones policiales venezolanas a guerrilleros y narcotraficantes.
Carvajal permitió el establecimiento de bases guerrilleras en varias zonas del estado Apure, en algunas operaban emisoras de radio para adoctrinar a la población y captar jóvenes al movimiento armado. Tan cercano estaba de los líderes de las FARC que les coordinó el encuentro con Hugo Chávez en Miraflores.
En agosto de 2005, por orden de Chávez, expulsó de Venezuela a los funcionarios del Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA). A la opinión pública se le dijo que la oficina no era imprescindible y que espiaba al gobierno. Nunca que estorbaba otros procedimientos. Bajo su jefatura, funcionarios de inteligencia militar arrestan al general Raúl Isaías Baduel, el que devolvió a Chávez a Miraflores en abril de 2002 y que como ministro de la Defensa instauró como saludo militar “Patria o muerte, venceremos”.
Captura de televisión tomada del canal estatal venezolano VTV que muestra al mayor general retirado venezolano Hugo Carvajal cuando llega a Caracas el 27 de julio de 2014. Foto: VTV/ AFP
Rodríguez Chacín le cortó las alas
Las sanciones de Washington no detuvieron sus operaciones ni lo alejaron de sus amistades. Del juego cerrado que mantenía con Chávez los aventó un choque entre la Unidad Caribes del Ejército y un grupo de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, que había asumido la lucha armada en defensa del gobierno de Chávez. En el “incidente” murieron varios guerrilleros, entre ellos el “comandante Moisés, y los únicos tres sobrevivientes fueron ingresado en el hospital militar de San Cristóbal.
Carvajal le presentó un informe a Chávez que protegía a los militares que participaron en la acción. Chávez no le creyó y le ordenó a Ramón Rodríguez Chacín que lo investigara subrepticiamente. Con el informe de su embajador ante las FARC, Chávez destituyó al Pollo Carvajal en diciembre de 2011
Fuera del Dgcim incursionó en la política como Rangel Silva, pero con menos éxito. Fue candidato a gobernador sin éxito. En 2013, Nicolás Maduro, a quien espió cuando era canciller, lo pone al frente de la inteligencia y contrainteligencia militar. Duró nueve meses en el cargo. Ya los cubanos eran los que imponían las reglas. En 2014, funcionarios de la DEA lo retuvieron en el aeropuerto de Aruba. El gobierno de Maduro lo presentó como un diplomático y logró su liberación. El alto mando del madurismo del momento lo recibió en Maiquetía: Tareck el Aissami, Cilia Flores, Elías Jaua, Calixto Ortega, María Eugenia Sader y Diosdado Cabello Rondón, entre otros.
Las sanciones de Washington no detuvieron sus operaciones ni lo alejaron de sus amistades. Su cercana relación con Diosdado Cabello le permite que lo elijan diputado a la Asamblea Nacional por Monagas. Pero no se siente seguro, lo acecha el peligro. El 21 de febrero 2019, a través de un video le pidió a Nicolás Maduro abandonar el poder y a la Fuerza Armada rebelarse. Llamó a que se hicieran elecciones libres y limpias y expuso su respaldo a Juan Guaidó Márquez. Cayó en desgracia. Maduro le incautó las fincas y comenzó la cacería.
Usando la identidad de José Mourinho, Carvajal huyó a España. Dos meses después fue apresado y Estados Unidos solicitó la extradición por sus actividades relacionadas con el narcotráfico años antes de la sanción de la OFAC. Se escapó y estuvo escondido dos años en un apartamento en Madrid. Se hizo varias cirugías plásticas para cambiar su fisionomía. Tenía un anillo de seguridad día y noche. En mayo de 2021, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por la información que llevara a su captura. A los cuatro meses le pusieron las esposas.
Con acciones legales y tecnicismos jurídicos ha logrado la suspensión de la extradición a Estados Unidos, pero no ha logrado el beneficio de casa por cárcel. En abril pasado, la Audiencia Nacional de España prorrogó la prisión provisional del Pollo hasta del 1 de abril de 2025. Existe un elevado riesgo de fuga para impedir que lo enjuicien en Estados Unidos.
El embajador oficioso de Chávez ante las FARC
Desde 1999, el poder de Rodríguez Chacín dentro de la revolución bolivariana se cimentó tras las sombras. Aunque se cuidaba de mantener sus malos pasos fuera de foco, de las tres primeras individualidades sancionadas por la OFAC, el capitán de navío ha sido el de más visibilidad. Y hay razones.
Hugo Chávez lo asignó en 1999 como el enlace presidencial para establecer contacto y buenas relaciones con la guerrilla colombiana. En los pasillos de los organismos de inteligencia lo llamaban “el embajador de Chávez ante las FARC”.
Es un personaje temido. Es un hombre que no perdona, mucho menos a sus enemigos. Puede que haya estado callado por años, pero un buen día les deja claro a sus enemigos que no los olvida. Sus compañeros de promoción lo llamaban Rambo, era impredecible. Ha sido clave en las relaciones entre los castrochavistas venezolanos y sus socios de la guerrilla de Colombia. Ocho años antes de ser sancionado por la OFAC reforzó con denuedo los vínculos con las FARC y el ELN. Les daba respaldos concretos, como la obtención de documentos para moverse internacionalmente.
Entre 2000 y 2001 sus actividades con la guerrilla dejaron de ser oficiosas y pasaron a formar parte de la estrategia oficial. El chavismo consideraba necesarias las buenas relaciones con los grupos en armas. Desde la Asamblea Nacional aseguraban que permitían establecer un “escudo protector” ante un eventual recrudecimiento del conflicto por la puesta en marcha del Plan Colombia.
Aunque en la Disip era un subalterno del coronel Jesús Urdaneta Hernández, su cercanía con el mandatario y la misión que le había asignado, le llevaban a pasar por encima de su jefe. Las operaciones que se efectuaban con la guerrilla se le ocultaban hasta al propio director de la Disip. Esa situación desencadenó un enfrentamiento en la institución, lo cual se convirtió en uno más de los factores que desató el primer gran escándalo de Chávez.
Armas y dinero de la partida secreta para la guerrilla colombiana
Urdaneta Hernández renunció al cargo y denunció las irregularidades amparadas por el teniente coronel y los hechos de corrupción que le habían prohibido denunciar. Urdaneta Hernández descubrió que Miraflores le había transferido a la guerrilla de las FARC más de 300.000 dólares y reveló que Chávez le pidió que “le diera armas” a la guerrilla y recursos económicos de la partida secreta.
Años después se conoció que en 2000 una de las gestiones de Rodríguez Chacín a favor de la guerrilla colombiana era entregarles armas. El contralmirante Carlos Molina Tamayo, exasesor de Seguridad Nacional y el exjefe de la Dirección de Armamento Militar de la Fuerza Armada Nacional, contó que Rodríguez Chacín le pidió 300 fusiles. “Me dijo que era para una operación irregular, pero se entendía que era para la guerrilla. Me preguntó de dónde podía sacarlos sin dejar rastros”, confesó Molina Tamayo. Después de ese episodio, detectó importantes pérdidas de material bélico en el Darfa con la complicidad o participación directa de integrantes del Ejército.
Urdaneta Hernández mostró el “Proyecto de Fronteras” y el “Proyecto Político”, dos informes de inteligencia suscritos por su subalterno Ramón Rodríguez Chacín que revelaban el alcance de lo que había pactado con la guerrilla de las FARC.
A cambio de que no desestabilizaran al gobierno bolivariano, el “Proyecto Fronteras” les daría a los guerrilleros contraprestaciones como “medicamentos especiales, venta de petróleo, apoyos especiales, registro y contratación de empresas del área bancaria, agropecuaria, construcción de viviendas y salud, programa de desarrollo agropecuario en la zona fronteriza y apoyo para asilo y tránsito”. Los acuerdos facilitaron que la guerrilla tomara el control de los territorios fronterizos venezolanos.
Los actos humanitarios y la casas de resguardo del ELN
En los años previos a la primera sanción de la OFAC Rodríguez Chacín usó varias identidades falsas y cuentas secretas a través de las cuales movía recursos sin levantar sospechas. Además, tenía acceso a las instituciones que le podían entregar documentos de identificación y así llegaron pasaportes y otras acreditaciones a manos guerrilleros de las FARC y sus asociados.
El general Marco Ferreira, de la Guardia Nacional, recibió a finales de marzo de 2001 una llamada de Rodríguez Chacín. Le solicitaba una reunión para informarle que el gobierno requería de su apoyo y discreción. Decía que como comisionado del presidente de la República su misión era “proporcionar alguna documentación a personas vinculadas a los movimientos subversivos colombianos que cooperaban con el gobierno venezolano en el rescate de compatriotas secuestrados en Colombia por elementos del hampa común, y que tales apoyos se harían por razones humanitarias”.
En 2021 seguía manteniendo el sigilo y sus oscuras operaciones. Los amigos aseguran que está enfermo y casi retirado, pero no en su relación con grupos irregulares.
En abril de 2023, Javier Tarazona cumplió 650 días de encarcelamiento arbitrario en los calabozos húmedos y sin ventilación del Sebin en el Helicoide. En julio de 2021 lo detuvieron en el Ministerio Público del estado Falcón y el Estado venezolano no ha cumplido ninguna de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del activista que dirige Fundaredes.
El régimen castrochavista acusa a Tarazona y a otros dos defensores de los derechos humanos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. El día antes de su detención, Fundaredes solicitó a la Fiscalía que investigara los vínculos de Ramón Rodríguez Chacín y de su esposa Carola con la guerrilla del ELN.
Javier Tarazona aseguró que el matrimonio mantenía en el estado Barinas casas de resguardo al servicio del comando central del ELN y los disidentes de las FARC. Puso como ejemplo la Quinta Vendaval y el hato El Guayabal y otras “casas seguras” que son propiedad de Rodríguez Chacín y cuentan con la protección de funcionarios de seguridad del Estado.
Tarazona, en cambio, no permanece en un sitio seguro. Su salud se ha deteriorado gravemente y ni las súplicas de su anciana madre han sido escuchadas por la burocracia de la ONU asignada a la protección de los derechos humanos. El mundo impasible.
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