El abogado Joel García denunció este martes que Rocío San Miguel, activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, sigue sin poder designar sus abogados de confianza.
«Ya han transcurrido 36 días del lapso de 45 días para solicitar diligencias de investigación y promover medios de prueba y ello no ha sido posible por estar en indefensión», escribió el jurista en X.
Y agregó: «Fácil es acusar al que está indefenso».
Familiares piden apoyo de España
Familiares de Rocío San Miguel, acusada de participar en la supuesta conspiración Brazaletes blancos, solicitaron en días recientes al gobierno español que respalde su proceso legal hasta que demuestre su inocencia y recupere la libertad.
Según fuentes del círculo íntimo de la detenida, citadas por el periódico español El Mundo, se instó al gobierno español a acompañar el proceso judicial hasta su conclusión.
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La activista se enfrenta a acusaciones que incluyen espionaje y recibir pagos de una empresa petrolera, basadas en supuestas pruebas como mapas de regiones militares de Venezuela publicados por la ONG que preside.
A pesar de que Miranda, su hija, pudo visitarla por segunda vez el pasado 8 de marzo, la preocupación persiste porque a Rocío San Miguel no se le permite acceso a sus abogados.
Las autoridades venezolanas además no la han presentado en los tribunales en las fechas establecidas. «Queremos que pueda acceder a sus abogados lo antes posible», dijeron al diario español las fuentes cercanas.
El Mundo destacó que seis presos políticos con doble nacionalidad, española y venezolana, incluyendo a San Miguel y a su antigua pareja, permanecen detenidos en Venezuela.