Rocío San Miguel, activista de Derechos Humanos, recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, recibió este domingo la primera visita de un familiar, nueve días después de su detención en el Aeropuerto de Maiquetía.
El abogado Joel García informó en X que Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista, fue la persona autorizada para realizar la visita, quien además pudo constatar que su madre se encuentra fortalecida y «muy confiada de su inocencia. Que no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan».
Y el jurista añadió: «Insiste que no le han permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza».
A San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, la detuvieron el viernes 9 de febrero junto a varios familiares, incluida su hija y exesposo, Alejandro González. La acusan de traición a la patria, terrorismo y asociación.
En el caso de González, lo imputaron por revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación.
El Ministerio Público ha asegurado que ambos están vinculados con la Operación Brazalete Blanco, que tendría como fin atentar contra Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios.
Se tiene previsto que el 22 de febrero se realice una nueva audiencia contra San Miguel y González. Ese día se espera que acepten el registro de los abogados libremente elegidos por los detenidos.
La tarde de este domingo, García alertó que X que «se agotan los lapsos» para ejercer el recurso de apelación y para solicitar diligencias de investigación a fin de desvirtuar la imputación fiscal.
«Pero obstaculizan el nombramiento y juramentación de la defensa técnica, y así mantienen al imputado en total indefensión», añadió.
Rechazo a la detención de Rocío San Miguel
Numerosas organizaciones han condenado la detención de la activista. A través de distintos mensajes han manifestado su preocupación y han exigido al gobierno de Venezuela que respete sus derechos.
Algunas de las organizaciones que han rechazado esta detención son Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.
Por estos reclamos, el gobierno de Venezuela anunció la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas.