La activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG enfocada en asuntos militares Control Ciudadano, cumple este jueves tres meses de «injusta prisión» y «sin garantías al debido proceso», denunciaron organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
«Hoy, 9 de mayo, se cumplen tres meses de injusta prisión por motivos políticos de la defensora de derechos humanos, madre y académica Rocío San Miguel», escribió la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en la red social X.
Esta organización y el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aseguraron que el Estado venezolano «ha negado» a San Miguel el derecho a «asignar a un abogado de confianza y el acceso a su expediente para demostrar su inocencia».
Las ONG -a las que se sumó Fundaredes- rechazaron que la activista cumpla «tres meses de prisión arbitraria, sin garantías al debido proceso y víctima de una larga cadena de violaciones a sus derechos humanos».
Hoy #09may se cumplen 3 meses de injusta prisión por motivos políticos de la defensora de derechos humanos, madre y académica Rocío San Miguel. El Estado venezolano le ha negado su derecho a asignar un abogado de confianza y el acceso a su expediente para demostrar su inocencia… pic.twitter.com/603C98ME21
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 9, 2024
San Miguel en prisión
San Miguel, acusada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el 19 de febrero que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.
Saab aseguró entonces que durante el allanamiento de la residencia de San Miguel, el 14 de febrero, se encontraron mapas, teléfonos, agendas y computadoras que prueban que «entregó información sensible» a «potencias extranjeras» en «reuniones secretas» en Venezuela, en la UE y en Estados Unidos, con representantes diplomáticos y con militares extranjeros.