Las restricciones que enfrentaron los venezolanos en el exterior para inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral para las elecciones presidenciales del 28 de julio afectaron a cerca de 25% de la población electoral del país. Así lo denunciaron las organizaciones no gubernamentales Alerta Venezuela, Espacio Público y Voto Joven.
«El Estado, al privar arbitrariamente del derecho al voto a los venezolanos en el exterior, afectó al mismo tiempo los derechos a la libertad de opinión y participación política de cerca de 25% de la población electoral venezolana», indicaron las ONG en un reciente informe.
Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos y coordinadora del informe, dijo: «Que 25% de la población no pueda votar es un fraude preelectoral masivo».
De los 7.722.579 de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, según la última actualización de la Organización de Naciones Unidas de noviembre de 2023, solamente 6.528 pudieron inscribirse y actualizar sus datos en el RE.
«El Estado venezolano restringió arbitrariamente el derecho humano a elegir en condiciones de igualdad y no discriminación en perjuicio de todos los venezolanos en el exterior con capacidad de votar, los cuales contabilizan al menos 4.485.470 venezolanos con permisos de residencia y otras estancias regulares», señalaron las organizaciones.
Indicaron que esto vulnera lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Las ONG denunciaron que las embajadas solicitaron a los venezolanos requisitos como pasaporte vigente y demostrar residencia permanente en el país de acogida, pese a que la ley establece que el único requisito para inscribirse o actualizar datos en el RE es la cédula de identidad.
«El ejercicio de un derecho político fundamental como el voto sobre asuntos del país de origen no puede estar supeditado a la condición migratoria de las personas ni a requisitos arbitrarios como el pasaporte y otros registros según los casos, que no se exigen a quienes residen en Venezuela. Para votar debe bastar con la cédula de identidad venezolana (vigente o vencida), tal como se les pide a los venezolanos en el territorio. El Estado discrimina», indicaron.
Otras de las limitaciones para inscribirse o actualizar datos en el registro electoral fue el reducido tiempo del operativo en las embajadas y consulados. Aunque el Consejo Nacional Electoral había previsto un operativo de un mes, en la mayoría de las sedes diplomáticas comenzó con dos y hasta tres semanas de retraso y funcionaba en horario laboral restringido.