Juan Guaidó, presidente interino de la República, el pasado 23 de septiembre hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que movilice la voluntad política de los Estados miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela, bajo la responsabilidad de proteger al pueblo venezolano de los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Este principio concebido en 2005, abre la posibilidad del uso de la fuerza mediante una intervención humanitaria. Sin embargo, no es un camino fácil de transitar y su aplicación en el país podría verse truncada por diferentes elementos.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, explicó a El Nacional que este principio señala el deber que tiene la comunidad internacional para proteger a los pueblos más allá de su soberanía, especialmente cuando un Estado no logra hacerlo, o es el autor principal de crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos.
Si bien está contemplado el uso de la fuerza como un último recurso, una vez agotadas las vías diplomáticas para tratar de resolver el conflicto, esta acción debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
“Cualquier tipo de medida debe ser aprobada por al menos nueve miembros del Consejo de Seguridad, y por supuesto, la no objeción de ninguno de los Estados con poder de veto, como por ejemplo Estados Unidos, Francia, Rusia, China, entre otros”, indicó Ramírez.
Es en este punto donde el panorama comienza a complicarse. Países como Rusia y China son de los principales aliados del régimen de Maduro, por lo que es posible esperar un veto de su parte, incluso para medidas diplomáticas y humanitarias.
“Allí vemos un límite claro. Rusia como principal aliado del régimen después de Cuba, seguramente vetará cualquier medida, incluso si en un principio se trata de una acción diplomática o humanitaria. Esto para evitar que este camino pueda ser utilizado más adelante por algún Estado que considere unilateralmente que los mecanismos fallaron, y sin un nuevo mandato del Consejo de Seguridad, tratar de utilizar este principio fuera de la ONU. Esto no es legal, es polémico, y es lo que ocasionaría resistencia en un posible debate que se pueda empujar más adelante”, destacó Ramírez.
La petición de Guaidó
“El discurso de Guaidó tiene gran importancia histórica porque es la primera vez que pide abiertamente a los Estados miembros de la ONU aplicar la responsabilidad de proteger. El hecho de que Guaidó hablara tan claro como lo hizo, debe al menos mover algunas fibras y que comiencen de nuevo los pronunciamientos. Guaidó pidió claramente a la comunidad internacional actuar ahora y no permitir que sucedan cosas como las que pasaron en Ruanda o en la antigua Yugoslavia”, resaltó María Gabriela Mata, asesora del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales y especialista en temas africanos, consultada por El Nacional.
“El discurso de Guaidó tiene gran importancia histórica”, dijo la internacionalista María Gabriela Mata. Foto archivo
Ramírez por su parte señaló que el presidente interino busca apoyarse incluso en el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para elevar la discusión sobre la crisis venezolana, enmarcarla en esos principios, pedir unas medidas concretas, y acciones decisivas.
“Yo me imagino que Guaidó conversó con sus aliados en la región, especialmente con Estados Unidos, Colombia y Brasil, quienes son los que pueden plantear esta discusión en el Consejo de Seguridad y a partir de allí generar algún tipo de resolución que lleve a unas primeras iniciativas, y al mismo tiempo tratar de empujar en otras instancias como la Corte Penal Internacional lo evidenciado en el Informe de la ONU. Esto es una estrategia que toma tiempo, no es fácil, es un proceso que requiere discusión y que tiene límites. Guaidó trató de armar el caso y lo expuso de la manera que corresponde, pero ya quedará de parte de sus aliados y de él mismo, el manejo diplomático del tema y hasta qué punto realmente pueda fructificar. Esto llama mucho la atención porque hace menos de un mes Estados Unidos dijo que no estaba planteado una intervención en estos momentos, me imagino que están planteando una estrategia a mediano plazo y con diferentes escenarios”, dijo.
“No es sencillo”
“No es un camino que sea fácil de transitar, tampoco es inmediato”, reiteró Ramírez.
Mata coincidió en que la aplicación del principio de responsabilidad de proteger en Venezuela no es una opción que pueda darse por los momentos.
“Esto realmente no es una opción tan factible. ¿Se ha dado antes? Sí, en África. Hay una historia bien interesante de cómo se ha implementado este principio de la responsabilidad de proteger en el continente africano, con ejemplos exitosos y desastres monumentales. Entre los éxitos tenemos a Kenia o Gambia, y en los desastres tenemos a Libia o Siria. Lo interesante es que la Unión Africana tiene de alguna forma mejor estipulada cómo tiene que procederse en estos casos”, indicó.
La experta explicó que quizás este principio también pueda ser trabajado en el marco de la Organización de Estados Americanos, tal como lo hizo la Unión Africana, que es un organismo regional.
Joven arrestada por la Guardia Nacional Bolivariana el 26 abril 2014. Foto Archivo
Otros puntos a considerar
Ramírez señaló que también se debe tomar en cuenta un punto crucial: las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos.
La administración de Donald Trump se ha involucrado mucho en la crisis venezolana y ha tomado acciones contundentes hacia el régimen de Maduro, por lo que de ganar en las elecciones, es de esperar que esta política continúe e incluso se intensifique. Mientras que el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, al parecer apostaría por una solución negociada para el conflicto venezolano, una posición similar a la que ha mantenido hasta los momentos la Unión Europea.
Del resultado de las elecciones depende entonces que Estados Unidos mantenga su posición ante el Consejo de Seguridad de la ONU en una hipotética discusión sobre Venezuela.
Otra situación importante a considerar es el fin del mandato de Juan Guaidó el próximo 5 de enero de 2021. “Guaidó ha hablado de la continuidad administrativa, sin embargo, no todos los aliados parecen convencidos de este punto, sobre todo Europa tiene dudas respecto a este tema, ya que ellos siguen apostando por una salida negociada para Venezuela”, manifestó Ramírez.
Funcionario de la Policía Nacional Bolivariana dispara a quema ropa perdigones contra los manifestantes. Foto Archivo
Derecho a asistir
“Existe un camino alternativo a la responsabilidad de proteger, ya que es difícil de implementar. Se está hablando desde el año pasado de un principio distinto: el Derecho a Asistir”, manifestó Mata.
El derecho a asistir es un marco normativo que considera, por sobre todas las cosas, el bienestar de las poblaciones en riesgo y favorece la coordinación internacional y el apoyo a las campañas de resistencia civil no violenta. Es decir, esta opción consiste en apoyar financieramente a la oposición, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil organizada de los países donde se producen violaciones de derecho humanos.
El concepto planteado en un documento elaborado en 2019 por Peter Ackerman y Hardy Merriman, directivos del Centro Internacional sobre el Conflicto No-violento, plantea tres objetivos generales: primero, incorporar a una amplia variedad de actores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas y públicas, organismos multilaterales y otros, en propuestas y soluciones de consenso; segundo, reforzar los diversos factores de resistencia en contraste con la fragilidad estatal; y tercero: incentivar a grupos de la oposición a comprometerse con el éxito de las estrategias pacíficas de cambio.
“Este apoyo ya se está dando a Venezuela a través de las ONG, pero Maduro está colocando trabas para que esto no se dé y ha puesto la vista en el origen de los fondos de estas organizaciones. Además, ha señalado y acusado a los defensores de derechos humanos y ONG de traidores”, indicó la internacionalista.
“En lo particular, defiendo el derecho de asistir como una vía alterna a la de la responsabilidad de proteger. No solo permite a las ONG llevar adelante su labor; además, cuando los activistas están bajo amenaza, los fondos de acción urgente y de respuesta a emergencias pueden proporcionarles los medios para dejar el país con sus familias, atender su salud física o mental y considerar opciones en un espacio seguro fuera del país. En casos extremos se puede ofrecer reubicación completa y apoyo en las solicitudes de asilo”, agregó.