El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución que renueva por dos años la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
El proyecto de resolución, que se identificó como L.41 y que contó con el apoyo de 48 países, obtuvo 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones.
Los países a favor fueron Brasil, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Islas Marshall, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
En contra estuvieron Bolivia, China, Cuba, Eritrea y Venezuela.
Se abstuvieron Argentina, Armenia, Benín, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Honduras, la India, Indonesia, Kazajistán, Libia, Malasia, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.
El mes pasado, la misión de la ONU acusó a los jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición mediante acciones que fueron ordenadas directamente por Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos.
“El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia”, señaló la misión internacional de investigación.
“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, afirma el extenso informe que la misión presentó a la prensa.
El informe ahondó en los hallazgos que la misma misión expuso en 2020 y ahora se centró en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director de El Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese período, Ronny González.
En la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.