Con 22 votos a favor, países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovaron por dos años la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que investigó y documentó graves violaciones cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiyi, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, Países Bajos, Perú, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay respaldaron la continuidad de las investigaciones.
Solo tres Estados —Eritrea, Filipinas y Venezuela— votaron en contra de la misión, conformada por los especialistas en derechos humanos Marta Valiñas, Francisco Cox y Paul Seils; el resto de 22 países se abstuvo, entre ellos México, Afganistán, Bangladesh, Camerún, Indonesia y Nepal.
A finales de septiembre de 2019, Venezuela se convirtió en el primer caso de un país latinoamericano para el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una comisión que investigara los abusos del régimen, en aplicación de una resolución que impulsó el Grupo de Lima.
Esta iniciativa se produjo a raíz del primer informe sobre Venezuela que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, presentó en julio de ese mismo año. En el documento recomendó al régimen de Maduro poner fin al uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, entre otras medidas.
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (@UN_HRC)
Maduro lo maquilla
Horas antes de que se extendiera por dos años la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, en alianza con el de Irán, presentó ante el Consejo una resolución en la que asegura que en Venezuela ha garantizado el respeto de los derechos humanos, en un trabajo coordinado con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Caracas.
El proyecto, que genera temor por la poca profundidad de las averiguaciones en los casos denunciados, fue aprobado solo por 14 países: Angola, Burkina Faso, Camerún, Nepal, Namibia, México, Indonesia, Fiyi, Eritrea, Pakistán, Filipinas, Qatar, Sudán y Venezuela.
Pero fue rechazada por 7 países, incluidos Perú, Australia, Brasil, Chila y Uruguay; mientras que 26, la mayoría de naciones, decidieron abstenerse, entre las que se encuentran Argentina, República Checa, España, Libia y Japón.
“Nos preocupa que esta iniciativa pretenda evitar el nivel de escrutinio que requiere la grave situación de Venezuela”, dijo ante el Consejo la representante de Perú. Afirmó que en Venezuela no ha habido cambio en los patrones de las violaciones de derechos humanos y que, incluso, la Fuerza de Acciones Especiales sigue operando, pese a que el Alto Comisionado recomendó a Maduro disolverla.
Señaló asimismo la continuidad de la persecución y el hostigamiento contra la Asamblea Nacional, periodistas y defensores de derechos humanos. “Nuestros países lamentan la cooperación estrecha y selectiva de las autoridades con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, que no aborda la gravedad de las violaciones de derechos humanos documentadas tanto por la alta comisionada como por la Misión de Determinación de Hechos ni la crisis humanitaria”, expresó.