Representantes del régimen de Venezuela se trasladaron la semana pasada a la Fiscalía del Corte Penal Internacional (CPI) para quejarse por la decisión de la Justicia española de frenar la extradición del opositor Enzo Franchini, acusado de participar en un homicidio durante las manifestaciones de 2017 contra Nicolás Maduro.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española denegó este mismo mes la extradición de Franchini al considerar que existe «un temor racional y fundado de que los derechos del reclamado puedan ser vulnerados por parte de los órganos del Estado requirente», en un acto en el que se puso en tela de juicio la legitimidad del fiscal general del régimen, Tarek William Saab.
Saab y el defensor del Pueblo venezolano, Alfredo Ruiz, encabezaron una delegación que se reunió recientemente en La Haya con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, con quien hablaron de las dos investigaciones preliminares que tiene abierta la oficina de la Fiscalía en relación con Venezuela.
Este lunes, al dar cuenta de esta visita ante los medios, Ruiz confirmó que se plantearon otras situaciones graves, como lo que ocurre con el gobierno de España.
Lamentó que España no haya a extraditado a Franchini por el presunto crimen de quemar viva a una persona, identificada como Orlando Figuera, ni que haya dado pasos para juzgarlo en su territorio.
La Audiencia Nacional apuntó en el acto que el único indicio que se aporta desde Caracas contra Franchini son unas imágenes de video publicadas en Internet bajo el título Moto y placas de quienes quemaron a Orlando Figuera, donde puede verse a aquel montando en una motocicleta de su propiedad, así como la matrícula del vehículo en cuestión.
«El único indicio existente resulta a todas luces insuficiente, no ya para acusar o condenar al reclamado, sino ni siquiera para procesarle», añadieron los magistrados, que pusieron en duda el trato que pudiese recibir Franchini en Venezuela, donde se acusa a este opositor de homicidio, instigación pública y terrorismo.
Los argumentos del Régimen
Saab anunció que Venezuela tiene previsto remitir en los próximos días a la CPI información con la que acreditar su «compromiso» con la lucha por los derechos humanos, en particular en relación con los esfuerzos para investigar, imputar, acusar y condenar a quienes violen derechos y libertades básicos.
El fiscal general del régimen explicó que la CPI complementa con su labor la de la Justicia venezolana, si bien recordó que «tiene competencias solo en crímenes de genocidio, los crímenes de lesa Humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión que no hayan sido investigados o no se haya podido investigar».
Las dos carpetas abiertas por la Fiscalía de la corte de La Haya se mantienen por ahora en la fase preliminar, pero la que está más avanzada es la primera de ellas, que parte de una denuncia presentada en su día por un grupo de países, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.
Dicha investigación, Venezuela I, examina los presuntos abusos cometidos en el contexto de las protestas de 2017. Bensouda ya apuntó en su reunión con Saab y Ruiz que hay motivos razonables para creer que sí se cometieron entonces crímenes internacionales.
El segundo de los exámenes, bautizado como Venezuela II, analiza desde febrero de 2020 una queja presentada por el régimen de Nicolás Maduro para determinar si las sanciones de Estados Unidos equivalen a crímenes contra la humanidad.
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