Jorge Arreaza, canciller del régimen de Nicolás Maduro, entregó este lunes al coordinador residente de Naciones Unidas, Peter Grohmann, un informe gubernamental sobre los derechos humanos en el país.
El texto responde a una documentación crítica referida a esa materia elaborada por una misión internacional a instancias de la ONU.
«Estamos llevando la verdad de Venezuela», dijo Arreaza al término del encuentro con Grohmann, a quien encargó entregar el escrito, denominado «La verdad de Venezuela contra la infamia», al secretario general de la ONU, António Guterres.
Arreaza opinó que el informe gubernamental «desmonta ese adefesio que ha circulado por el mundo», en referencia al dictamen crítico que fue presentado este mes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El documento fue elaborado con datos aportados por las instituciones del Estado.
Según la investigación internacional para la determinación de los hechos, Nicolás Maduro y otros altos cargos, como su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
Infamias
Arreaza insistió en que esas aseveraciones son «infamias» que forman parte de «una operación mercenaria» en contra de la llamada revolución bolivariana.
Junto con el canciller estuvieron el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, quienes se reunieron también con el Nuncio Apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, para pedirle que transmita el documento al resto del cuerpo diplomático que opera en el país.
Saab criticó nuevamente el informe internacional al señalar que para hablar de crímenes de lesa humanidad «tiene que haber una política de ataque sistemático y permanente de exterminio contra un factor o sector», un supuesto que, aseguró, «no ocurre en Venezuela».
«Iremos al exterior, a los organismos multilaterales a los cuales haya que ir para decir la verdad», aseveró tras mencionar a la Corte Penal Internacional (CPI) como posible destino.
El informe de la misión internacional independiente, a la cual la ONU encargó estudiar la situación de los derechos humanos en Venezuela, también sugiere que tribunales fuera del país, incluida la CPI, juzguen las violaciones de las libertades fundamentales que fueron analizadas