Líderes del régimen ignoraron que la Corte Penal Internacional señaló el lunes 14 de diciembre que existen fundamentos razonables para creer que las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El canciller Jorge Arreaza y la vicepresidenta Delcy Rodríguez hablaron sobre la demanda que introdujo el régimen contra Estados Unidos ante la CPI. Sin embargo, evitaron comentar respecto a las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el país.
«En su informe anual, la Fiscal de la CPI confirma que recibió el voluminoso informe del fiscal Tarek William Saab, como parte de la cooperación. También continúa estudiando nuestra demanda contra funcionarios de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad», señaló Arreaza en Twitter.
Rodríguez por su parte manifestó: «Venezuela avanza en su demanda contra autoridades del gobierno de Estados Unidos, quienes a través del bloqueo criminal agreden al pueblo venezolano de forma sistemática. Hemos consignado suficientes pruebas, evidencias y confesiones que sustentan nuestra acción ante la CPI».
El informe de la CPI concluyó que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.
La CPI enumera como presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad a miembros de la “Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.