Los seis directivos de Citgo bajo arresto domiciliario en Venezuela, fueron sacados a la fuerza de su hogares por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
La denuncia la formularon los familiares de las víctimas, que afirmaron desconocer el paradero de los apresados, reseñó AP.
La medida se origina dos meses después de que el régimen de Nicolás Maduro les concedió casa por cárcel y horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Juan Guaidó en la Casa Blanca, como mandatario interino de Venezuela.
Verónica Vadell Weggeman, hija de Tomeu Vadell, uno de los detenidos, fue la primera en informar lo ocurrido en Twitter.
«Día 806: SOS Nuestro querido Tomeu fue llevado sin previo aviso de su arresto a un lugar desconocido en Venezuela. No sabemos dónde dormirá esta noche», escribió.
Alirio Zambrano, hermano de dos de las víctimas, también denunció lo ocurrido y expresó su angustia por desconocer el estado de salud de Alirio José y José Luis.
«Mis hermanos fueron sacados abruptamente de su arresto domiciliario, ¡exigimos saber su paradero, pero lo que es más importante, su libertad!», fue el texto que publicó.
Diosdado Cabello prometió después del encuentro entre Trump y Guaidó que tomaría represalias.
«Cada vez que hacen algo, vamos a girar más a la izquierda y ver quién chilla«, dijo Cabello este miércoles en su programa de televisión transmitido por Venezolana de televisión.
Detención de los trabajadores de Citgo
Los directivos de Citgo fueron engañados por el régimen para que viajaran a Venezuela por una supuesta reunión urgente para tratar el presupuesto de Citgo.
El grupo voló en un avión corporativo. Incluían a Tomeu Vadell, vicepresidente de Refinación; Gustavo Cárdenas, jefe de Relaciones Estratégicas con los accionistas, así como del gobierno y Asuntos Públicos; Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Comercialización; Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la refinería Citus Corpus Christi; José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos; y José Ángel Pereira, presidente de Citgo.
Se les acusó de peculado doloso, legitimación de capitales, asociación para delinquir y concierto de funcionario con contratista por acordar supuestamente con varias empresas algunos préstamos para Citgo por 4.000 millones de dólares.
Muchos aseguran que estas personas están retenidas como moneda de cambio político, a medida que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado.
Citan como evidencia de irregularidades las decisiones del juez venezolano Rosvelin Gil, de posponer 15 veces seguidas una audiencia preliminar.