El régimen de Nicolás Maduro, por medio de su Cancillería, condenó las «opiniones sesgadas» y las «muestras de injerencia» presentes en un informe presentado este jueves por un grupo de expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas, en el que acusa al régimen de «criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil».
En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades oficialistas rechazaron categóricamente el informe presentado por «este grupo de delatores», quienes evidencian, afirmó la Cancillería, «un profundo desconocimiento del ordenamiento jurídico venezolano».
En su informe, este grupo de expertos en derechos humanos hizo eco de la reciente liberación de cinco miembros de la ONG Azul Positivo, cuyas detenciones y acusaciones, aseguran, «forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela».
Sin embargo, la Cancillería madurista explicó que con estas declaraciones, el grupo de DD HH incurre en una «tergiversación evidente», puesto que tras las investigaciones pertinentes, las autoridades judiciales venezolanas detectaron que esta ONG había realizado una «transferencia de recursos en divisas extranjeras a individuos en una modalidad financiera no autorizada» por la legislación del país.
«Como en todo proceso judicial que se desarrolla en Venezuela, los integrantes de esta ONG implicados en este caso, cuentan con la plena garantía del debido proceso y derecho a la defensa», dice el comunicado.
Por ello, el régimen de Maduro acusó a este grupo de relatores de intentar «manipular a la opinión pública internacional» con declaraciones sacadas de contexto y cargadas de injerencia, así como «enturbiar su cooperación con Naciones Unidas, que en nada contribuyen al fortalecimiento de la acción humanitaria en Venezuela».
El informe
Este miércoles, un grupo de ocho relatores denunció «la presión» que las ONG sufren en Venezuela; y si bien celebraron la liberación de las cinco personas recordaron que los cargos contra ellos no los retiraron, por lo que pidieron que los exoneren.
«Pedimos a las autoridades que revisen las leyes y prácticas restrictivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Venezuela en virtud del derecho internacional de derechos humanos y que respeten y protejan la labor de la sociedad civil», señalaron.
Los cinco integrantes de Azul Positivo fueron detenidos en el estado de Zulia el 12 de enero de 2021 y puestos en libertad un mes después. Todos ellos están acusados de delitos relacionados con el terrorismo, su financiación y el blanqueo de capitales.