Unas 500 presas de un penal venezolano recibieron el viernes la primera dosis de una dosis contra el covid-19, que forma parte de un plan de vacunación en los centros de reclusión, en donde la población no tiene la posibilidad de aplicar medidas de prevención.
Van en fila y muchas evitan declarar. Unas llevan uniforme rosado y otras verde. Algunas tienen mal puesto el tapaboca, que les combina con la ropa.
«¡Gracias a Dios por la vacuna!», exclamó sin embargo Nelly Parado, de 44 años de edad, de los cuales casi dos recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, una cárcel ubicada en Los Teques, en el estado Miranda.
El operativo sigue a otro realizado a finales de junio en una cárcel para hombres de Caracas.
«Este proceso permitirá inmunizar a toda la población privada de libertad», dijo Mirelys Contreras, ministra chavista de Servicio Penitenciario. Pero no precisó plazos o el número de vacunas disponibles para el plan.
«Tenemos toda la plena fe y tranquilidad que vamos a atender toda la población».
Hay alrededor de 100.000 personas privadas de libertad en Venezuela, estiman organizaciones privadas, de las cuales 40.000 están recluidas en cárceles con capacidad para 30.000 reos. El resto está en centros de detención preventiva, en su mayoría comisarías policiales, en donde el hacinamiento supera el 200%.
La ONG Una Ventana a la Libertad denunció fallas en el suministro de agua potable, limitaciones de logística e infraestructura y un alto nivel de hacinamiento. El colapso impide la aplicación efectiva de medidas básicas de prevención como el lavado de manos o distanciamiento físico.
La organización afirmó que son escasos los operativos de detección de contagios o las jornadas de desinfección dentro de los centros. Aseguró que no se practica aislamiento preventivo y que son los familiares quienes normalmente proveen a los presos de gel para las manos y tapabocas.
En una cancha de baloncesto, un grupo de reclusas espera en formación de orden cerrado para entrar a la sala donde recibirán la vacuna. El edificio está desgastado, con agujeros y la pintura de una bandera venezolana apenas se distingue.
Otros penales
Venezuela, con casi 30 millones de habitantes, reporta más de 270.000 casos de covid-19 con más 3.101 muertos, según cifras del régimen de Nicolás Maduro, entre denuncias de un elevado subregistro.
«Hace tres semanas sentí mucho dolor de cabeza y mucha fiebre, mis compañeras fueron las que me ayudaron a calmar el malestar con pañitos de agua fría», recordó Lorena Barreto, una colombiana de 49 años, que cumple una pena de nueve años de prisión por narcotráfico. No sabe si tuvo covid.
Otras reclusas aseguraron no conocer contagios.
Ya en enero de este año hubo una huelga de hambre en ese penal, según Ventana a la Libertad. Las reclusas aseguraban estar pasando hambre, en parte porque el confinamiento suspendió las visitas y son los familiares los que normalmente les llevan comida.
En la jornada del viernes fueron vacunadas otras 100 personas, entre custodios y personal administrativo del Instituto Nacional de Orientación Femenina.
La ministra Contreras informó que los penales de Yare y El Rodeo siguen en el plan de vacunación carcelario. En esos centros de reclusión, también en Miranda, son comunes motines y enfrentamientos entre bandas.
«Ya recibimos un primer lote, estamos coordinando que se puedan atender todas las regiones» del país, dijo a periodistas.
Según la Organización Panamericana de la Salud, menos de 224.000 personas han completado en Venezuela el proceso de inmunización de al menos dos dosis. El régimen inocula con la rusa Sputnik-V y la china Sinopharm, y recientemente recibió un lote del candidato vacunal cubano Abdala, que requiere tres dosis.