La aplicación de la Ley contra el Odio del régimen de Nicolás Maduro entró en una fase intensa este año, más aún después de la llegada de la pandemia de covid-19 al país en marzo. Incluso, se incluye la persecución por los mensajes que se publican a través de las redes sociales y los que se envían a través de mensajería directa.
«Este año se ha empezado a aplicar de manera muy intensa contra todo formato de expresiones, como mensajes por WhatsApp, en redes sociales, especialmente Twitter. Hay un incremento del uso de esa norma para castigar delitos de expresión o de opinión», dijo Carlos Correa, director de Espacio Público, a Voz de América.
Hizo referencia al incremento de las acusaciones penales en contra de los periodistas, sindicalistas y médicos en los diferentes tribunales del país. Los casos más comunes son los comentarios o reportes que han hecho por la pandemia de covid-19 o la escasez de gasolina.
Espacio Público ha registrado 21 detenciones por supuesta instigación al odio entre el 1 de enero y el 20 de julio.
Correa aseguró que la Ley contra el odio se basa en la imprecisión y la generalidad para generar miedo en la disidencia del chavismo. Agregó que los fiscales y jueces no la habían aplicado tanto durante los primeros meses después de su aprobación por la ilegítima asamblea nacional constituyente.
Gonzalo Himiob, abogado y directivo del Foro Penal, manifestó a VOA que la Ley contra el Odio es un instrumento para justificar los excesos represivos. Expresó su preocupación porque se limita la libertad de expresión en Venezuela.
«Es una muestra más de cómo pueden tergiversarse las normas para ponerlas al servicio de un proyecto político, no al servicio de la ciudadanía. Busca limitar cualquier expresión crítica o disidente, lo cual es contrario a la más elemental democracia», expuso.