Justicia, Encuentro y Perdón denunció la ratificación de la condena a 30 años de prisión contra Emirlendris Benítez por la supuesta participación en el caso del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018. La decisión la tomó la Corte de Apelaciones, encabezada por la jueza Katherine Harrington, el martes 2 de abril.
La organización dijo que la presa política ha sufrido un proceso judicial marcado por la arbitrariedad y la ausencia de pruebas contundentes en su contra. Y que tras cuatro años de retraso procesal recibió una sentencia máxima en 2022, sin que se respetara el debido proceso.
La ONG señaló asimismo que Benítez ha sido víctima de torturas, que han puesto su estado de salud «en el límite de riesgo inminente», y que presenta secuelas irreversibles para poder caminar con normalidad.
La organización destacó que la denuncia sobre su situación la han replicado organismos internacionales de derechos humanos y forma parte de los casos revisados por la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas.
«Levantamos la alerta una vez más sobre el nivel de indefensión en el que se encuentra, y en consecuencia todos los daños colaterales que genera esta situación en sus familiares», expresó Justicia, Encuentro y Perdón.